Maniobras posibilistas en el Govern

En el seno del Govern de la Generalitat, los elementos más proclives al acuerdo, o a asumir la realidad, parecen estar trabajando en una doble respuesta a la sentencia del juicio del 1-O. Por un lado, el rechazo a la actuación del Tribunal Supremo, la negación de la calidad de la democracia española y la defensa de los actos de los procesados y de la causa independentista, con gestos institucionales y movilizaciones en la calle. Por el otro, promover una estrategia de minimización de daños a partir de una sentencia que no se duda que será, en mayor o menor grado, condenatoria. En concreto, negociando una reforma del Código Penal de efecto retroactivo que precise otros tipos penales más allá de la sedición o la rebelión con concurso de violencia. Una salida que consideran más viable que la del indulto.

Esta estrategia tiene un triple peligro. El primero, el del doble lenguaje. Desde que empezó el ‘procés’ hemos tenido numerosos ejemplos de lo que sucede cuando los responsables políticos que han azuzado la indignación de sus bases se ven prisioneros de ellas a la hora de rectificar el rumbo, o de aplicar la hoja de ruta, principal o alternativa, que ya tenían prevista bajo la cobertura de los pronunciamientos maximalistas. De los resultados de esta estrategia hemos visto ejemplos inquietantes este mismo fin de semana. Además de las consecuencias de mantener el doble lenguaje, sin reconocimiento de los gravísimos errores acumulados en los últimos años, cualquier alternativa topará ante una doble pinza. La de quienes no contemplan más que el máximo rigor y de la quienes aspiran a la máxima respuesta, desde la protesta en la calle al irresponsable 'Ho tornarem a fer'. La primera resistencia es plenamente previsible: la reacción de las tres derechas sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que sería más llevadera a principios de la legislatura que cuando se acerque otro ciclo electoral. El segundo factor lo es mucho menos, a expensas de las iniciativas que pueda impulsar Torra._

Todo, no obstante, queda en suspenso en espera de la sentencia que emita el Tribunal Supremo. No se puede esperar de los magistrados, ni se les puede pedir, más que un fallo que aplique el actual marco legal en función de una valoración objetiva de los hechos y actuaciones enjuiciados. Otro escenario se abriría si el propio tribunal insta en la  propia sentencia al legislativo a aclarar las insuficiencias de los tipos penales actualmente tipificados, como la ambigüedad sobre qué supone violencia o no. Una ventana a la actuación de la política, de una vez, que ayude a restañar heridas.