Por unas políticas públicas LGTBI efectivas

La violencia hacia las personas LGTBI es una lacra que se viene reproduciendo de forma sistemática en Catalunya y especialmente en la ciudad de Barcelona. En los últimos meses, las incidencias registradas por el Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) por agresiones y discriminaciones por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género han aumentado de forma alarmante, con un preocupante impacto en lo que se refiere a la seguridad de las personas LGTBI en el espacio público y concretamente en el ámbito del ocio nocturno.

Es absolutamente insoportable comprobar que la comparativa de denuncias recibidas por el OCH en el periodo de enero a junio del 2019 respecto al mismo intervalo del 2018 nos indica un aumento de un 33%: 73 registros en este año por 55 del anterior. Con los datos en la mano y analizando la casuística y ámbitos donde más se producencasuística , podríamos realizar una fotografía del patrón que más se repite: el de agresiones a hombres gais y bisexuales el fin de semana (siendo la noche del viernes al sábado donde la afectación es más resaltable) por parte de grupos de hombres jóvenes y en muchos casos adolescentes. Estas conductas de odio se llevan a cabo en zonas de ocio LGTBI de la Ciudad Condal. 

Es terrible tener que lamentar en pleno siglo XXI que la seguridad de las personas LGTBI no esté garantizada de forma efectiva en nuestro país y que esta violencia venga de manos de jóvenes que, en el devenir del fin de semana, agreden sin más contemplaciones a todo aquel que se salga del 'modelo normativo', es decir, de la necesaria diversidad tanto sexual como social.

La ley LGTBI, papel mojado

Catalunya se dotó en el 2014 de una potente e integral ley LGTBI para garantizar los derechos del colectivo y erradicar la LGTBIfobia. El marco legal aprobado (pionero en el mundo) y fruto de la incansable lucha del movimiento, generó un fuerte sentimiento de reparación histórica que, desgraciadamente, a los cinco años de su aprobación se ha convertido en papel mojado. Una ley secuestrada y que los poderes públicos no han desarrollado de la forma adecuada. Las políticas públicas LGTBI han de responder sin más dilaciones a las necesidades y requerimientos que nuestros derechos y libertades precisan.

La agresión sufrida la semana pasada por una pareja de jóvenes gais en el parque Joan Miró de Barcelona es la gota que colma el vaso ante la inacción de las administraciones mandatadas para velar por nuestra seguridad y por el correcto desarrollo de los mecanismos establecidos para generar espacios amables donde esté garantizada nuestra total libertad en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El Síndic de Greuges de Catalunya abrió a este respecto una actuación de oficio requiriendo a las diferentes instituciones una explicación sobre las medidas desarrolladas para poner freno a la LGTBIfobia.

Servicio de atención a las víctimas

La comunidad LGTBI precisa de una atención permanente, especializada y específica ante estas agresiones que arremeten contra nuestros derechos. El OCH ha propuesto a las administraciones competentes la constitución de una mesa de trabajo donde se aborden las violencias hacia nuestro colectivo. Confiamos en que esta se realice de forma inmediata y entre otras propuestas se trabaje en la activación de un servicio de WhatsApp de atención a las víctimas que operaría la noche de los viernes con el apoyo de profesionales -psicólogos y abogados- y gestionado por las entidades especializadas.

Las políticas públicas tienen que ponerse al servicio de toda la ciudadanía y en especial de los colectivos más vulnerables, como el de las personas gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales.