El Tribunal Supremo evita a Europa

Oriol Junqueras es un diputado electo del Parlamento Europeo. No hay ninguna razón jurídica que pueda impedirlo, y mucho menos razones tácticas o estratégicas, a las que la justicia debe ser ajena, por bienintencionadas que puedan ser. Una de las bases principales de la democracia es la garantía de que los votos de los ciudadanos se traducen en el ejercicio de cargos representativos para los elegidos. Sin excusas. 

¿En qué cabeza cabe que se permitiera que Junqueras tomara posesión como diputado del Congreso, y en cambio no se le deje hacer lo mismo en el Parlamento Europeo? La razón solo es una. No era necesario solicitar una autorización al Congreso para seguir juzgando a Junqueras, por ser el proceso judicial anterior a su toma de posesión como diputado. Manifesté mi acuerdo con esa conclusión, pero hubo un polémico debate jurídico al respecto.

Ese es el debate que ahora se reabre con el Parlamento Europeo, dado que no está nada claro cuál va a ser su decisión al respecto, si muy proteccionista de los diputados y, por tanto, exigiendo la autorización que tardaría meses en tramitarse, o bien procedería como el poder legislativo español. Pero ante la incertidumbre, el Tribunal Supremo prioriza poder dictar su sentencia a los derechos de representación de un ciudadano elegido democráticamente, rompiendo con ello la división de poderes y, además, con respecto a la Cámara europea. Es sencillamente inaceptable se mire por donde se mire.    

Por añadidura, llueve sobre mojado. Primero fue el magistrado instructor retirando las euroórdenes por temor a que no las concedieran, como dijo expresamente en sus resoluciones. Luego vino la sorprendente negativa a aceptar la entrega de Carles Puigdemont por parte de los jueces alemanes, por no haber admitido muy razonada y razonablemente la descabellada acusación de rebelión. Ya no se han vuelto a activar las euroórdenes, pese a que la fiscalía se ha referido en el juicio, quizá con algo de sorna muy inoportuna, a los políticos en el extranjero como "los procesados rebeldes". Si tan rebeldes y supuestamente criminales son, ¿por qué no se pide su entrega a los países europeos en que se encuentran?

¿Temor a un nuevo fracaso?

Lo que sucede ahora con Junqueras carece de excusa. ¿Tan importante es una sentencia como para invertir tal empeño y desvelos retorciendo normas de aplicación evidente? ¿No será que la acusación de "rebelión" está algo más que coja y se teme un nuevo fracaso en instancias europeas si influye en la sentencia el empecinamiento de la fiscalía en que se condene por este delito?

Hay, no obstante, una posible lectura positiva. Que el Tribunal Supremo desee absolver o condenar por penas bajas, lo que provocaría la inmediata libertad de todos los reos, o al menos de la mayoría de ellos. Si ahora se suspendiera el pronunciamiento de la sentencia esperando la autorización del Parlamento Europeo, se prolongaría la situación de prisión. Pero si ese es el problema, la solución es fácil: sea decretada su libertad.