Recuperar la confianza a base de leyes

La entrada en vigor de la ley hipotecaria recuerda a tantas otras puestas en marcha normativas: prisas, problemas de última hora, desconocimiento y preocupación en general. Como siempre, el consumidor es quien paga, y los ciudadanos que estas semanas estaban negociando un préstamo de este tipo comenzaron a recibir evasivas en algunos casos y prisas por firmar en otros. Tampoco era de extrañar que el que acabase sufriendo sea el consumidor.

Vale la pena pararse un momento y recordar de dónde venimos. Y, más concretamente, retroceder hasta octubre del pasado año, cuando el Tribunal Supremo, para sorpresa de todos, dictaminó que era el banco y no el cliente el que debía pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas, uno de los costes a los que hay que hacer frente al adquirir una vivienda. Parecía muy bonito, el consumidor, por raro que parezca, salía ganando... Pero ya se sabe, siempre hay tiempo para enmendar las decisiones, y eso fue lo que sucedió.

Después, a principios de año, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó y aprobó la nueva ley hipotecaria, la norma que entra en vigor este domingo, con el fin de otorgar una mayor protección al cliente. El texto, a priori, parece realmente un avance: todos los que hemos tenido que acudir al banco para pedir una hipoteca hemos vivido situaciones que rozan lo surrealista.

Y es que, en tiempos de internet donde todo está explicado on line, acudir a un banco a informarse sobre una hipoteca puede derivar en experiencias contrapuestas: desde la entidad que desde que cruzas la puerta parece que molestes a la que te pone la alfombra roja y te lo explica todo con peros y señales.

Sin embargo, una práctica que está muy extendida es la respuesta que se resume así: «Para darte información y estudiar el caso tenemos que abrirte una cuenta». Sí, suele ser una cuenta gratuita, pero no es la mejor manera de captar a un cliente porque pone la mosca tras la oreja. Se entiende que sea necesario en una etapa más avanzada de la negociación, pero para recibir simple información... A veces parece que los bancos quieren que los clientes desconfíen de ellos.

La nueva ley hipotecaria intenta solventar algunas de estas situaciones y acabar con los debates del pasado. Por ejemplo, fija que es la entidad financiera la que paga el AJD de la hipoteca, alarga los plazos de desahucio, reduce las comisiones por amortización y estudia mejor la solvencia del cliente, además de asegurarse de que recibe asesoramiento personalizado y gratuito por un tercero (el notario). 

Son buenas palabras, como lo es el objetivo de la ley:«Recuperar la confianza de los prestatarios». La confianza es básica, y el cliente no puede tener la sensación de que su entidad le está escondiéndole algo, no le explica bien las cosas o quiere endosarle todo tipo de productos vinculados. Sobre todo, en el caso de una hipoteca, que obliga al cliente a casarse con el banco, y porque hablamos de (en la mayoría de casos) la compra de lo que es un derecho básico: un hogar. Ojalá la ley lo consiga.