¿Acabar con el 'gobierno de los jueces'?

Escuchando las intervenciones de las acusaciones la semana pasada, podría parecer que el tiempo se había detenido. Que los meses transcurridos con el desfile interminable de testigos y el examen de pruebas habían sido un espejismo: los fiscales de los Supremo se esforzaron en reforzar el tratamiento hiperbólico y fantasioso de los hechos juzgados. Pero con la entrada en escena de las defensas y los acusados, el giro argumental ha sido radical. Toda la secuencia del juicio ha adquirido una significación nueva, distinta, profunda.

El relato construido inicialmente por el teniente coronel Baena ha sido progresivamente afinado y sofisticado por las intervenciones de Maza, Lamela o Llarena hasta llegar a las conclusiones de los fiscales del Supremo. Un relato redondo. Una construcción retórica que ha mostrado una inconsistencia extraordinaria. Con estrategias diferentes pero complementarias, las defensas han desmontado una a una las supuestas evidencias de los delitos de rebelión, sedición o malversación. Solo han cedido la hipótesis de la desobediencia. Las intervenciones de los acusados, con registros muy diferentes, han permitido acabar de entender la dimensión política del juicio. El juicio más importante de la historia reciente de Catalunya y España.

Ahora la pelota la tiene el Supremo. Y la sentencia que dicte tendrá consecuencias políticas. Haga lo que haga. Si se decanta por las tesis de la acusación, el enquistamiento del conflicto se endurecerá. Pero si se acerca a las tesis más sólidas de las defensas, la desautorización de buena parte de la cúpula judicial (empezando por la figura de Carlos Lesmes) será muy severa. Pero es el precio que habría que pagar para devolver la política en el espacio que le corresponde y del que nunca debería haber salido. La forma y el fundamento doctrinal de la sentencia serán tan importantes como y el contenido resolutorio mismo. Paradójicamente, Marchena y los demás jueces del Supremo tienen la posibilidad de empezar a desmontar una anómala cultura política consistente en establecer una especie de gobierno de los jueces.