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Editorial

Las defensas rechazan la rebelión

Los abogados de los líderes del 'procés' admiten que hubo desobediencia pero niegan la existencia de violencia

Las defensas rechazan la rebelión

Desobediencia, sí; rebelión, no. Las defensas de los líderes del ‘procés’ que son juzgados en el Tribunal Supremo empezaron ayer a presentar sus argumentos contra la acusaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox. Con estilos y enfoques diferentes dadas las diferencias entre sus clientes, Andreu Van den Eynde (abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva), Jordi Pina (defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull), Javier Melero (responsable de la defensa de Joaquim Forn) y Josep Riba (abogado de Carles Mundó) coincidieron en descartar de plano las acusaciones de rebelión y sedición haciendo hincapié en el que sin duda es el principal punto de controversia del argumentario de las acusaciones: la más que discutible existencia de una violencia que encaje en el delito de rebelión tal y como está en el Código Penal. «Indignación no es violencia»  y «se está confundiendo la desobediencia con la rebelión», dijo Van de Eynde en dos momentos de su intervención.

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Con más o menos énfasis, las defensas admitieron que los líderes del ‘procés’ pudieron haber cometido delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, y que en las jornadas del 20 de septiembre y del 1 de octubre se pudieron haber producido episodios de desórdenes públicos y actos de resistencia a la autoridad, siempre minoritarios, pero que no  justifican la acusación de rebelión. De hecho, ni la propia acusación coincide en la existencia de la violencia. La Abogacía del Estado difiere de la Fiscalía y pide la condena por sedición y no por rebelión justo porque no ve violencia, a ojos de muchos juristas talón de Aquiles de la acusación desde el  periodo de instrucción.

Pero al margen de la violencia, los abogados dibujaron en defensa de sus clientes un escenario que desmiente el discurso del independentismo aquel otoño del 2017 y que en gran medida persiste hoy. No hubo declaración de independencia, no hubo preparación para ella, el Govern acató la aplicación del artículo 155 de la Constitución e incumplió su propia ley de desconexión. Documentos como el 'Enfocats' son «humo», en palabras de Van den Eynde, y difícilmente se puede hablar de rebelión, indicó Melero, si ni siquiera se arrió la bandera española tras la declaración de independencia.

Estas afirmaciones tienen profundas implicaciones políticas, pero no es el TS donde deben dirimirse. La judicialización por la vía penal de un asunto político está llegando a su fin. Ahora tan solo cabe que los jueces dicten sentencia de forma justa.