El derecho, la memoria histórica y la justicia

El día 10 de junio era la fecha prevista por el Gobierno para la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. La medida, anunciada hace más de un año como una de las más emblemáticas del nuevo presidente Pedro Sánchez, debía servir para quitar una tumba de Estado al que fue un golpista causante de una cruenta guerra civil y responsable de innumerables crímenes y asesinatos sin ninguna garantía jurídica ni procesal.

El Gobierno anunció la medida el pasado 17 de junio transformándola en real decreto ley el 24 de agosto y con convalidación parlamentaria el 13 de septiembre del 2018, y todo el mundo creía que en pocas semanas se podría llevar a cabo. Si algo podría sorprender era que después del retorno de la democracia a España y con varios Gobiernos de izquierda con mayoría absoluta desde 1979 a nadie se le hubiera ocurrido la necesidad imperiosa de sacarlo de aquel templo, construido en condiciones infrahumanas por presos políticos del bando republicano, y de poner fin a una vergüenza histórica, impensable en cualquier democracia occidental.

Era de esperar que la familia del dictador, la Fundación Franco y algunos otros nostálgicos de ultraderecha pusieran algún recurso para dificultar la realización del decreto ley, como así ha sucedido con más de una docena de recursos. Más sorprendente ha sido la actitud y el comportamiento de la orden benedictina, responsable del templo actual, y de su prior descaradamente franquista hasta el punto de obligar al Gobierno a buscar la mediación del Vaticano. Tampoco parecía razonable que un juez local tratara de prohibir la operación de levantar la losa que cubre la tumba por razones de seguridad técnica y menos aún la  traca final consistente en paralizar de forma unánime la exhumación por cinco magistrados de la sala cuarta del contencioso administrativo del Supremo.

Estos cinco magistrados se muestran increíblemente cuidadosos con las molestias y los sentimientos de los familiares, no así con los miles de cuerpos enterrados allí sin identificar y sin consentimiento familiar, y también sensibles al interés general por los costes de una acción que podría ser revertida por el Supremo que aún no ha decidido sobre el fondo de la cuestión ni sabemos cuándo lo hará.

Ahora bien, lo que supera todos los límites del derecho, de la memoria y de la justicia es la afirmación, unánime, que Franco era el jefe del Estado desde el día 1 de octubre de 1936, siguiendo la proclamación de la Junta de Defensa Nacional, el día anterior, que le cedía todos los poderes, le proclamaba generalísimo de los ejércitos y le llamaba Jefe del Gobierno del Estado. Al parecer estos magistrados no saben que  en España existía el Gobierno de la República, legítimo, encarnado por Azaña y reconocido en todo el mundo. El golpe de Estado del día 18 de julio de 1936, claramente ilegal, no puede justificar en ningún caso esta proclamación.

Resulta inconcebible que en estos momentos donde tantas miradas están puestas sobre el  Supremo, y no precisamente, por este tema, sus miembros tengan tan poco conocimiento de la historia reciente de España y de sus derivadas.