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Editorial

La fiscalía y el golpe de Estado

El Ministerio Público acusa a los líderes del 'procés' de cometer un ataque contra el orden constitucional vigente

firma editorial cast

El Periódico

Las conclusiones de la fiscalía: “en Catalunya hubo un golpe de Estado”.  / ZML

«La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el ‘procés’». Con esta contundencia, el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza acusó ayer a los líderes del ‘procés’ de haber cometido un «golpe de Estado». Hasta ahora, la fiscalía no había usado este concepto para argumentar su acusación de rebelión. Pero en la lectura de sus conclusiones, el ministerio fiscal no solo mantuvo la petición de las penas máximas por rebelión, sino que endureció el tono hasta llegar a acusar a los líderes del ‘procés’ de golpistas.

Las dificultades para demostrar la existencia de violencia que han sido evidentes durante el juicio no han frenado a la fiscalía a la hora de defender la acusación de rebelión. A su juicio, se puede aplicar este tipo delictivo porque los hechos de septiembre y octubre del 2017 fueron un ataque contra el orden constitucional, en el que la violencia se encontraba en el contexto político y social, una suerte de violencia intimidatoria. La Abogacía del Estado, sin embargo, afirmó que  «la violencia no fue parte del plan de los acusados», y por ello defendió el cargo de sedición, que acarrea penas duras pero no tan severas como el de rebelión.

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La fiscalía también rechazó los argumentos de los procesados de que son víctimas de un juicio político en el que se reprimen ideas y proyectos políticos, y apuntó a una división de papeles entre los acusados: Carme Forcadell como presidenta del Parlament permitió votar leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, el Govern convocó el referéndum del 1-O y preparó durante meses las denominadas estructuras de Estado, y las entidades soberanistas movilizaron a la ciudadanía. Todo ello constituye, a juicio de la fiscalía, un ataque contra el orden constitucional vigente. Es decir, una rebelión.

La contundencia de la fiscalía en mantener la acusación de rebelión contra los encausados se ha mantenido invariable desde el inicio de la instrucción. De la misma forma, como la intervención de la Abogacía del Estado pone de nuevo de manifiesto, la violencia será un o de los elementos claves que los jueces de la sala deberán tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Porque por muy duras que sean las conclusiones de la fiscalía, son los jueces los que dictan sentencia. Y ahora será turno a las defensas.