Fiscalía: Punto y final

La fiscalía ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio del procés, y ha confirmado sus gravísimas acusaciones provisionales: rebelión, malversación y desobediencia. Quiere decirse con ello que ya no va a cambiar ni la versión de los hechos que relata ni la calificación jurídico-penal que le atribuye a esos hechos. Y aunque debo manifestar mi total respeto por los fiscales actuantes como personas, me veo obligado a discrepar de su actuación como juristas porque me queda la sensación, tras leer su escrito, que Kafka no era solo el autor de una magistral novela en la que describe a un hombre perplejo ante acusaciones que nadie acierta a justificar debidamente.

Los fiscales han tenido durante el proceso una actuación llena de titubeos, imprecisiones, a ratos tonos verbales que no sugerían objetividad al interrogado, evidente desconocimiento de algunos detalles tecnológicos y, finalmente, una falta evidente de preparación en diversas pruebas, particularmente en los vídeos que exhibieron, que no solamente no supieron situar en varias ocasiones en el tiempo y en el espacio, sino que además avalaban de manera evidente una tesis que no es la que defienden en su acusación, y de la que han prescindido por completo. De hecho, su escrito de 130 páginas, presentado a una velocidad de vértigo tras la práctica de la prueba, parecía estar redactado antes de acabar dicha práctica, porque de hecho hace escasísimas referencias a la prueba. Claro está, el fiscal no es un juez, pero sí debe ser objetivo y ecuánime, y mal se pueden predicar estas características de quien expresa conclusiones probatorias sin haber visto todas las pruebas, o sin justificar haberlas tenido debidamente en cuenta.

Pero más allá de estos detalles más externos, el escrito, en su contenido, repite buena parte de lo ya expresado en las conclusiones provisionales, y añade más abundantes explicaciones en el punto de la malversación, aunque sorprendentemente apenas constan pagos realizados, y los comprometidos son de fecha anterior a la suspensión de la ley de referendum por parte del Tribunal Constitucional, por lo que no eran ilegítimos. Por otra parte, no se explica cómo se habrían hecho esos pagos, o al menos comprometido después de la citada fecha, que es lo relevante. Sólo se afirma que se “hicieron burlando el control estatal”, pero no se explica cómo. Ni siquiera se conjetura. Por poner un ejemplo, no se habla ni un momento de cómo se adquirieron las urnas.

Y sobre el punto de la rebelión, se afirma algo que alegrará a los independentistas: que estuvieron a punto de conseguirlo, lo cual provoca algo más que extrañeza cuando se cuenta el modus operandi. El plan supuestamente consistía en orillar la aplicación de las leyes a través de movilizaciones masivas que impidieran su cumplimiento, con la iniciativa y anuencia del Parlament y del Govern y el apoyo de los Mossos d’Esquadra. Esos Mossos que –lo reconoce la fiscalía– advirtieron de los riesgos de la celebración del referendum y colaboraron con las otras policías. Ese Parlament y ese Govern que fueron disueltos en un minuto sin oponer la más mínima resistencia, el 27 de octubre, tras la aplicación del artículo 155. Esas manifestaciones sin apenas incidentes en las que sus líderes llamaban al pacifismo, llamamiento despreciado por la fiscalía diciendo que también apelaban “a la determinación mostrada en la guerra civil (empleando la expresión ¡no pasarán!)”, expresión y determinación que, la fiscalía haría bien en recordarlo, se realizó por el gobierno legítimo de la República frente a las tropas fascistas.

Pero nada de ello parece ser importante. Afirma la fiscalía que hubo violencia insurreccional, que solamente es capaz de concretar en “empujones”, “patadas” y algunas lesiones de ignorada etiología, así como lanzamiento de “botes de bebida llenos”, una “moneda” y “piedras”, una de las cuales habría causado una herida a un agente que no se concreta, y otra que habría roto un retrovisor. Las heridas de los manifestantes, en cambio, fueron “muy leves”.

En fin, un relato supuestamente insurreccional que, si no fuera por la gravedad de las penas que se solicitan, sorprende a cualquiera que ha estudiado historia y sabe –o ha vivido– lo que es una insurrección. No es infrecuente que los fiscales se reafirmen hasta el final en sus conclusiones provisionales, aunque bastante menos que lo hagan pese a las evidencias que ha mostrado la prueba, o hasta su propio relato. Los jueces tendrán la última palabra.