El papel de los municipios en la defensa de los derechos humanos

Las crisis económicas, financieras y medioambientales han profundizado las desigualdades y la exclusióndesigualdades y la exclusión. En un escenario de gobernanza mundial, los municipios tienen un rol relevante para atacar las causas estructurales que generan injusticias, impactos sociales y ambientales a nivel global.

Los índices de pobreza se han agudizado y se reflejan en cuestiones como el acceso a la vivienda, a la energía básica o a una alimentación adecuada. Ha habido también un recorte de derechos civiles y políticos, así como la persecución y criminalización de defensores de los derechos humanos o ambientales.

Cualquier modelo de gobierno de un municipio debería tener en cuenta qué externalidades negativas produce el implementar un tipo de sistema de producción, distribución, gestión y consumo. Esto implica priorizar esfuerzos relacionados con consolidar una efectiva coherencia de políticas y entender las implicaciones que tienen las acciones locales fuera de las fronteras de cada municipio.

Estamos asistiendo a una concentración de capital en complejas estructuras societarias con enorme poder económico y político. Organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado esta desigual distribución de la riqueza y cómo las grandes empresas están provocando una vulneración sistemática de los derechos humanos. Es una situación que se da hace décadas en América del Sur, África, Asia o en nuestro propio ámbito mediterráneo, donde parece haberse normalizado el beneficio empresarial en zonas ocupadas como Palestina o el Sáhara Occidental. En territorios ocupados las empresas se benefician de una ocupación ilegal y de un expolio de los recursos naturales que no cuenta con el visto bueno ni de la comunidad internacional ni de las propias comunidades locales.

Motores de cambio social

En época electoral nos preguntamos qué se puede hacer desde nuestros municipios para prevenir estas vulneraciones de empresas de los derechos humanos. Algunas respuestas se encuentran a dos niveles:

En el nivel de la ciudadanía podemos exigir a los representantes políticos que promuevan políticas vinculantes para respetar los derechos humanos; convertirnos individualmente en un motor de cambio social a través del consumo responsable, del comercio justo y de prácticas de respeto al medioambiente.

En el ámbito de la representación política, o si se trabaja para la Administración pública, hay dos herramientas importantes. El proceso mundial de creación de un Tratado Vinculante para juzgar a las empresas que vulneran los derechos humanos e impactan gravemente en el medioambiente. Los municipios tienen capacidad de unirse a esta iniciativa aun cuando sus Estados no lo hayan hecho. La segunda herramienta es la compra pública estratégica. 

Compra pública

En todo el mundo la compra pública cuesta más de 1.000 millones de euros anuales, que representan el 14% del PIB. En el Estado español representa un 18,5% del PIB total. La compra pública, por tanto, tiene un alto potencial para influir y promover el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel local como través de cadenas de suministro.

El mensaje es claro: se puede promover una contratación pública valiente, creativa y realmente justa para desarrollar mecanismos que obliguen las empresas a llevar a cabo la debida diligencia en sus actuaciones a lo largo de toda la cadena de suministro y que no se quede en declaraciones de intenciones o protocolos sellados que, a menudo, no tienen un seguimiento efectivo. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible identifica la contratación pública como parte clave del impulso hacia una producción y consumo sostenible.

Desde el ámbito local la ciudadanía tiene en sus manos la capacidad de elegir gobernantes comprometidos con la lucha global para romper la compleja cadena de complicidades entre el poder político y económico.