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Editorial

Los presos electos, suspendidos

La táctica independentista coloca a las instituciones en situaciones complejas con el objeto de deteriorarlas

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El Periódico

Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados.

Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados. / JOSÉ LUIS ROCA

La Mesa del Congreso tomó la decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas catalanes presos haciendo caso así al informe favorable de los letrados de la Cámara. La suspensión parecía inevitable, a la vista de los preceptos legales aplicables, pero las discusiones jurídico-políticas han sido intensas. Nada de lo que sorprenderse porque están en juego derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de sufragio pasivo, la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes.

El caso es tan complejo que ha habido discrepancias incluso entre juristas que habitualmente se alinean en el mismo bando, sea el del constitucionalismo o el del independentismo. Una de las discusiones era, en principio, si el Tribunal Supremo debía pedir el suplicatorio para seguir el juicio contra los procesados. El Supremo resolvió que no era necesario. Después, la polémica derivó en qué órgano debía aplicar la suspensión, si el Supremo o la Mesa del Congreso. Ha habido también opiniones sosteniendo que ni el Supremo ni la Mesa, sino que debía votar el pleno de la Cámara, sustituyendo de este modo al suplicatorio no solicitado.

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El informe de los letrados del Congreso resuelve que la Mesa es la competente y que se debe aplicar la suspensión no por el artículo 21.2 del reglamento, sino por el 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que la prevé para los diputados procesados por rebelión y en situación de prisión preventiva, como es el caso. La Mesa ha seguido esta opinión y ha decretado la suspensión cumpliendo, como ha resaltado la presidenta Meritxell Batet, todas las garantías y tomando una decisión técnica, legal, no política. De ahí que sobren las descalificaciones contra Batet, repetidas por el PP y sobre todo por Cs, que han querido aprovechar las dudas legales para obtener réditos políticos.

El ‘procés’ se judicializó por decisión –o indecisión– del Gobierno de Rajoy, pero también por la estrategia de los partidos independentistas, que aprovechan cualquier hecho para avivar las contradicciones del Estado. Un ejemplo es presentar como candidatos al Congreso a los políticos procesados. En el caso de ERC es además instrumental porque está previsto que Oriol Junqueras deje el acta para repetir la jugada en el Parlamento Europeo. Toda esta actuación coloca a las instituciones en situaciones inéditas y complejas y lo único que busca es deteriorarlas.