Un error con buenas intenciones

Este no es el arranque que deseaba Meritxell Batet al frente del Congreso, ni tampoco el final de campaña que buscaba Pedro Sánchez. Pero se llega a este domingo tras un pulso tan insólito como absurdo entre la Mesa de la Cámara baja y el Tribunal Supremo a cuenta de una decisión cuyo final todo el mundo conocía de antemano. La suspensión de los electos en prisión preventiva que están siendo juzgados por rebelión admitía pocas dudas, aunque siempre habrá a algún jurista que niegue la mayor.

El problema no era el qué sino el cómo y el cuándo. La mayoría de izquierdas en la Mesa prefería no tomar ninguna decisión que fuera interpretada en un sentido político y, aún menos, a pocos días de unas elecciones. Se deseaba evitar que, tras la sesión inaugural de la XIII Legislatura protagonizada por Junqueras, Rull, Turull, Sànchez y Romeva, su suspensión diera munición emocional a los independentistas en la última semana de campaña. Por eso Batet decidió ganar tiempo pidiendo aclaraciones al Supremo para despejar cualquier interrogante sobre la aplicación del art. 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. El objetivo no era tanto devolver la pelota de la decisión como poder posponer el asunto hasta el lunes.

Pero el alto tribunal no estaba para bromas y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, respondió velozmente recordando a la presidenta del Congreso que constitucionalmente él no podía inmiscuirse en una atribución que corresponde a la Mesa. Además, el Supremo temía que la causa penal contra los políticos presos quedara contaminada de haberse arrogado la capacidad de ejecutar esa suspensión porque las defensas lo hubieran acusado de parcialidad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Batet pidió entonces el informe a los letrados y, tras su lectura, la Mesa ha acordado la suspensión pese a la voz discrepante de Unidas Podemos, que teme que ello pueda beneficiar a Ernest Maragall en la apretada pugna con Ada Colau por la alcaldía. Los durísimos reproches de PP y CS contra Batet, anunciando su reprobación e incluso acciones legales por prevaricación, han sido un infierno para la nueva presidenta del Congreso cuyo error de ganar tiempo estaba cargado de buenas intenciones. Las descalificaciones que ha recibido son injustas porque nadie puede darle lecciones de constitucionalismo.

Los letrados subrayan que era una decisión que “automáticamente” tenía que tomar la Mesa y que, por tanto, la suspensión tiene efectos desde el martes pasado, que es cuando adquirieron los presos la condición de diputados. Así pues, una decisión inevitable se ha convertido en una polémica absurda que solo ha servido para abrir una primera brecha en la mayoría de izquierdas en la Mesa y ha resucitado las disparatadas acusaciones contra el PSOE. Pese a que esta cuestión ha concentrado mucha atención mediática, nadie en el resto de España va a cambiar su voto este domingo. Pero tal vez sí movilizará al independentismo. De nuevo, el peor enemigo que tiene la democracia española no son los separatistas sino la lucha cainita y la falta de sentido de Estado de los partidos constitucionalistas.