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Editorial

La suspensión de los electos presos

En circunstancias tan complicadas las instituciones deben jugar con responsabilidad su papel

El Periódico

Primera reunión de la Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet.

Primera reunión de la Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet. / JOSÉ LUIS ROCA

Como una pelota de pimpón, el Tribunal Supremo (TS) y la Mesa del Congreso se han pasado la patata caliente sobre la suspensión de los cinco presos preventivos encausados por rebelión que fueron elegidos diputados y senador en las elecciones del 28 de abril. Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga a los líderes del 'procés', envió un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que rechazaba elaborar el informe que le había solicitado la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) en este caso. Ante esta circunstancia, Batet retrasó la toma de una decisión al pedir un informe a los letrados de la Cámara sobre los fundamentos jurídicos para saber si procede o no suspender a los cuatro diputados independentistas, decisión que se hará extensiva al senador electo Raül Romeva.

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La situación legal no es nueva. Durante el periodo de instrucción del caso que ahora se juzga en el TS, el Parlament suspendió a los diputados electos, que se negaron a delegar el voto y a nombrar sustitutos, lo que implicó que el independentismo perdiera la mayoría en la Cámara catalana. La lógica legal dicta que la decisión debería haberla tomado el mismo actor (el Parlamento) y que tendría que haber sido la misma, pero de nuevo la mezcla entre política y legalidad es tóxica en lo que al ‘procés’ se refiere, en plena campaña electoral de las autonómicas y las municipales. La oposición de derechas (PP y Ciudadanos) utilizan los escrúpulos legales de Batet para cargar contra el PSOE con el fantasma de su inexistente rendición a los independentistas, mientras que los socialistas no esconden la incomodidad que les produce tomar una decisión que, ley en mano, parece difícil de negar que corresponde a la Mesa del Parlamento. Y, mientras, el independentismo no oculta que le conviene usar para fines propagandísticos una probable suspensión para alimentar su discurso de un Estado opresor.

Somos testigos de nuevo del gran error que supuso la judicialización de un asunto político como es el proceso soberanista. En cada recodo del tortuoso camino iniciado el 6 y 7 de septiembre del 2017, la separación de poderes, las instituciones y las leyes se ven tensionadas por retos inéditos en nuestra democracia. En circunstancias tan díficiles, todo el mundo debe jugar con responsabilidad el papel que le pertoca.