Demasiadas malas leyes

Tropezamos continuamente con leyes mal hechas que nos complican la vida y la convivencia. Unas son imprecisas: los diputados que las redactaron hicieron mal su trabajo. A otras la politiquería las ha dejado pudrir desfasadas respecto a la evolución de la sociedad española y las características de sus conflictos. Unas terceras se hicieron deliberadamente ambiguas con un objetivo antidemocrático: que los jueces al interpretarlas pudiesen hacer juegos de manos a favor de quienes mandasen. Eso les ha dado un poder desmedido e imponen sus ideologías personales (frecuentemente muy inmovilistas) en los tribunales. Pagamos muy caro el problema pero hay escasa voluntad política de subsanarlo. Ni se hacen leyes idóneas para las nuevas cuestiones ni se retocan las desfasadas. Pocos diputados tienen ganas de trabajar a fondo en esto, que es duro y de espaldas a la galería. Pero lo que predomina es la perversidad, ya que los partidos que se consideran beneficiados por las malas leyes existentes no quieren cambiarlas. La injusta ley electoral es un ejemplo.

Esta situación crea inseguridad jurídica y conflictos. Tanto las leyes poco claras como las que no existen y serían necesarias forman un buen caldo de cultivo para las demagogias. Ahora sufrimos por no haberse legislado con nitidez sobre si la decisión de suspender o no en sus cargos a unos diputados procesados pero no condenados corresponde a la Mesa del Congreso o al Tribunal Supremo. Es absurdo. Todavía es peor tener abusivamente mal definido el uso de la prisión preventiva. Cuando se discute sobre ello la gente de la calle está invitada a convertirse en fina analista de las cuestiones jurídicas, otra barbaridad.

Buena parte de las peleas actuales entre españoles vienen de errores así. No haber actualizado en su momento con precisión qué es y no es rebelión, es un defecto. Que tampoco sepamos qué se puede considerar violencia en una sociedad democrática del siglo XXI, es otro. Porque muchas conductas delictivas están calculadas a partir de consejos de abogados que conocen las lagunas del marco legal. Todo eso es tan trascendente que nos ha conducido a la peor crisis de toda la etapa democrática.

Nuestros atrasos se acumulan. No solo carecemos, como decía, de una ley electoral más justa sino que ni siquiera tenemos una regulación diáfana y lógica de la manera contemporánea de hacer las campañas y los debates electorales. Deberíamos subsanarlo corriendo pese a las pocas ganas de hacerlo. Si hubiésemos resuelto estas cuestiones hace años -como correspondía- ahora podríamos estar a la altura de los tiempos elaborando lo que toca, un marco legal razonable sobre las nuevas tecnologías y para la defensa del medioambiente. Con tanta indolencia y con tanto partidismo España sigue llegando tarde a las grandes urgencias.