La legislatura que comienza

Los nuevos desafíos de Meritxell Batet

La primera sesión del Congreso muestra la dificultad de superar la crispación parlamentaria

Ilustración de Leonard Beard

Ilustración de Leonard Beard / periodico

Joan Tapia

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Los primeros días de Meritxell Batet como presidenta del Congreso están siendo movidos. El primer envite es el de los presos. El Supremo ha indicado a la Mesa del Congreso que, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal y el reglamento de la cámara, debe inhabilitarlos. Ordena hacer algo que por las razones que sea -¿posibles recursos ante la justicia europea?- quiere que avale el Parlamento. La fiscalía del Supremo cree que es el propio tribunal quien ya lo debía haber ejecutado. Batet pide más precisiones al alto tribunal y también un informe a los letrados de la cámara. Rivera y las derechas exigen su fulminante inhabilitación.  

Jurídicamente la decisión es casi inevitable, pero políticamente es polémica. A Rivera (aplaudido por Vox) le parece que ya se tarda demasiado, pero la obligatoriedad de la suspensión se debe que están en prisión incondicional al ser acusados de rebelión, calificación discutible pero existente. Y suspender a diputados electos con el 39% de los votos catalanes se puede entender mal. O muy mal.

Un conflicto largo

Lo que pasa es que unos decían -plebiscitarias del 2015- que Catalunya sería independiente en 18 meses y otros -más tarde- que la actuación de los tribunales contra los secesionistas resolvería la cuestión. La realidad -y la sesión parlamentaria del martes lo vuelve a demostrar- es que ambos se equivocaban y que el largo conflicto catalán sigue condicionando la política española. Los secesionistas proclaman que sus derechos son pisoteados pues están en la cárcel y no se les deja ejercer el cargo para el que han sido legalmente elegidos. Y la derecha (Rivera con el aplauso de Vox y de Cayetana Álvarez de Toledo) acusa a Meritxell Batet de complicidad con el separatismo porque permite que los cuatro diputados asistan a la primera sesión del Congreso (decisión que es del Supremo) y juren el cargo con la misma manga ancha hasta ahora permitida.

Mientras el conflicto catalán no se encauce (que no es resolverlo) la democracia española estará coja. Y se boicotea el intento de desinflamar tanto cuando el independentismo veta que Iceta sea senador (una pura formalidad para García Albiol) como cuando el integrismo españolista de Rivera levanta los ánimos contra cuatro diputados electos. Lo grave es que pase al inicio de la legislatura. ¿Serán así los próximos años? ¿Bajará la crispación tras las municipales del domingo o, por el contrario, la presencia de Vox la multiplicará?

El mal viene quizás de que los partidos creen que su propaganda es la realidad. El 39% o el 47% de separatistas (según en qué elección) afirman que representan a toda Catalunya. Rivera y Álvarez de Toledo, que encarnan la España eterna. En otra clave, Pablo Iglesias asegura (o aseguraba) que es la voz de los de abajo, de los explotados, frente a los que viven en chalets.

En campaña electoral quizá se pueda entender. A partir del lunes sería una total estulticia. Por eso Batet acertó con su sentencia del martes: “Todos somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo”.