Desfile sin derechos políticos

Este lunes y martes hemos visto desfilar a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Raül Romeva por el Congreso de los Diputados y el Senado, respectivamente, como si lo hiciesen por la Pasarela Cibeles, sin otra misión que caminar y saludar a los presentes, ya que el Tribunal Supremo, directamente o a través de la Mesa del Congreso, busca la manera de que no puedan ejercer sus funciones o cargos públicos.

El Tribunal Supremo permitió el lunes que fueran al Congreso a firmar sus credenciales pero sin poderse detener frente a los medios de comunicación, ni responder preguntas, y el desfile fue ágil, afable y luciendo lazos amarillos o rosas amarillas en la solapa de la americana de sus trajes. Para el martes, el Tribunal Supremo permitió que asistiesen a un no tan plácido pleno de constitución de las Cortes, pero expresamente había prohibido la realización de reuniones con otros diputados y la asistencia a compromisos de comunicación pública y prensa en las sedes del Congreso y el Senado; solo podían hacer acto de presencia.

Es decir, después de presentar las credenciales se les impide desarrollar su vida política. Todos ellos, diputados electos, gozan del principio de presunción de inocencia y no han sido condenados en firme por ninguna sentencia. Tienen sus derechos políticos intactos, pero no los pueden ejercer. Llevan meses en prisión provisional, sin responder a ninguna de las finalidades previstas legalmente, a pesar de que el Tribunal Supremo ha argumentado el riesgo de reiteración delictiva cuando el "individuo profesa el ideario soberanista". Pero este encarcelamiento de los diputados electos es lo que permite insistir al Tribunal Supremo en suspender sus derechos y obligaciones parlamentarias. Y a su vez, dejar sin contenido el artículo 23 de la Constitución Española, sin que ellos puedan ejercer el cargo para el cual han sido elegidos, viendo nuestro derecho fundamental de participación política limitado a un desfile parlamentario, confundiendo la política con la estética, el poder judicial con el legislativo y los derechos fundamentales con una simple ornamentación. 

Para poder suspender el ejercicio de función pública o cargo se prevé, además de haberse acordado la prisión y mientras dure esta, ser acusado del delito de rebelión, en el que es necesario un levantamiento violento y público que no se vivió en el otoño del 2017 y que durante el juicio del 'procés' no está quedando probado. Pero la acusación se mantiene, y así la posible suspensión. Ahora pasan la decisión a la Mesa del Congreso, aunque sin pedir un suplicatorio, y dicen que es competente y le señalan el artículo del reglamento a aplicar para la suspensión de los diputados, como también dieron indicaciones a la Junta Electoral y después al juzgado contencioso administrativo de Madrid. Acordando la libertad de todos ellos ya no sería necesario ninguno de estos planteamientos.

Dicen que este año la Pasarela Cibeles se celebra en julio; quizá entonces también tendremos sentencia. No es frivolidad, es ver vacías de contenidos las funciones del poder legislativo y la división de poderes, y vulnerados los derechos fundamentales y las libertades públicas de los diputados electos de la ciudadanía que quiere vivir en un Estado social y democrático de Derecho.