La ley de transacciones, en 'stand-by', pero volverá

La convocatoria de elecciones del día 28 de abril, por parte del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, paralizó 'sine die' el Proyecto de ley sobre transacciones financieras (LTF), aprobado por el Consejo de Ministros del día 18 de enero de 2019.

En los medios de comunicación se ha denominado a esta norma como 'tasa Tobin', por su ligero parecido con la propuesta en 1971 del economista estadounidense James Tobin, aunque se trate de un gravamen distinto ya que la LTF recae sobre otro tipo de transacciones financieras. La propuesta Tobin se aplicaría a las operaciones de cambios de una moneda a otra, con la finalidad de reducir la especulación en el mercado de divisas y, en consecuencia, disminuir la volatilidad en los tipos de cambio.

La LTF creaba un impuesto indirecto que gravaría con un 0,2%, las transacciones financieras onerosas de acciones representativas del capital social de sociedades españolas, admitidas a cotización en un mercado regulado español o de otro estado de la Unión Europea (UE) o en un mercado de un país tercero considerado equivalente, con un valor de capitalización superior a 1000 millones de euros. Es decir, grava las transacciones con independencia de las personas

físicas o jurídica que intervengan en la operación. Por consiguiente, se evita el riesgo de deslocalización  al someter a tributación la compra-venta de acciones independientemente del país de residencia del intermediario financiero.

El principal objetivo de este nuevo impuesto era aumentar los ingresos públicos con el fin de hacer frente al incremento de los gastos sociales y en consecuencia consolidar las finanzas públicas. Pero la implantación de este nuevo tributo produciría también unos impactos negativos.

Desde el punto de vista de los inversores en acciones, el nuevo impuesto encarecería la operativa en renta variable, ya sea por inversión directa en acciones o indirecta a través de fondos de inversión o planes de pensiones que invierten en renta variable, en unos momentos coyunturales de rentabilidades negativas o muy reducidas en otras alternativas de inversión.

Desde el punto de vista del mercado, a corto plazo reduciría el volumen de operaciones en acciones y en consecuencia, disminuiría la liquidez. Y desde el punto de vista de los intermediarios financieros, se produciría un aumento de los costes administrativos derivados de la liquidación, información y documentación del tributo.

Y desde el punto de vista macroeconómico provocaría un desincentivo para el ahorro, en unos momentos en que la tasa de ahorro privado español sobre el producto interior bruto es débil, situándose en el 5,4%. Es una tasa que se encuentra por debajo del 6,5% de media de la eurozona y la mitad de la tasa de ahorro de los alemanes y casi una tercera parte de lo que ahorran los holandeses, un 14,6%.