LA CLAVE

Juego de togas

La furia procesal de Puigdemont y Casado les aleja de la política

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Albert Sáez

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La impugnación promovida por PP y Ciudadanos contra la candidatura europea de Carles Puigdemont deambula por los tribunales como una bola de billar. Y lo hace de manera muy poco inteligible para el conjunto de la ciudadanía, a quienes los políticos parece que les quieran tomar el pelo ofreciéndoles, de un lado y de otro, victorias pírricas en base a una especie de filisbusterismo judicial bastante irresponsable. El propio Puigdemont, arropado en estas lides por Gonzalo Boye y Josep Costa, ha hecho de la audacia procesal su principal fuente de energía política desde que decidió no acudir a las citaciones de la Audiencia Nacional. Populares naranjas intentan siempre que pueden amparar en los juzgados lo que serían legitimas propuestas políticas pero que no consiguen sufiente apoyo electoral. El desgaste que provocan estas acciones en uno u otro sentido en la confianza de los ciudadanos en las instituciones no es menor. A menudo, da la impresión de que buscan la instancia que les puede resultar más propicia a sus posiciones o que simplemente inician un trámite para desgastar a sus adversarios. Los tribunales esquivan como pueden estos envites, incluso rozando los límites, como pasó en la resolución del Tribunal Supremo del domingo en la que se declaraba "no competente" en un asunto del que se pronunciaba sobre el fondo. No entro en la pertinencia de todo ello sino, simplemente, en su ininteligibilidad.

La furia procesal puede tratar de justiticarse en el caso de Puigdemont porque es el destino de todo investigado. Pero condena con ello a sus incondicionales a vivir en un Dragon Khan en el que empiezan a tener la sensación de que no les lleva a ninguna parte. PP y Ciudadanos, de su parte, cierran una y otra vez las puertas para que este asunto retorne a la senda política, no solo por el embrollo judicial que es cada vez más grande, sino porque empujan a sus electores a la dinámica del escarmiento antes que a la de la justicia. Y eso tiene también un coste a nivel internacional que el ministro de Exteriores de turno tiene que arreglar haciendo lobby