La manipulación de las leyes

Todos los juristas sabemos que las leyes son interpretables. No son textos que admitan una sola lectura porque las mismas palabras que los componen son matizables en función del contexto en el que se dicen o aplican. La única frontera que tenemos es, parafraseando a Montesquieu, el “espíritu” de la ley, es decir, aquello que el legislador tuvo en mente al elaborar la norma. Esa voluntad del legislador tampoco es siempre evidente, pero muchas veces sí lo es.

Quiere decir todo lo anterior que existe un considerable campo de maniobra, que es razonable porque la ley debe adaptarse a la realidad, no siempre exactamente coincidente con la que imaginó el legislador, a fin de no tener que andar reformando la norma constantemente conforme evoluciona esa realidad. Pero lo que no se puede hacer es intentar manipular o tergiversar el contenido de la ley para hacerle decir lo que jamás quiso expresar o, peor aún, para que diga lo que nos convenga en cada caso concreto.

Llevamos ya algún tiempo observando con demasiada frecuencia actitudes que recuerdan demasiado a lo anterior, a veces orientadas por políticos irresponsables o desconocedores del derecho, que es lo mismo en este contexto, o también por juristas que se creen muy astutos. Consideran que el derecho es una especie de chicle moldeable con el que hacer pompas de picaresca que vistan de falsaria legalidad sus anhelos políticos o de otra índole. Esas conductas hubieran debido ser atajadas desde un principio, no solo con la desautorización institucional, sino principalmente con una expresión colectiva de estupor público por parte, al menos, de los juristas. Pero no ha solido ser así. La mayoría ha juzgado la tergiversación con un sesgo ideológico aplastante, y de ese modo, si la manipulación se había operado para obtener el resultado que gusta políticamente a ese jurista, se mira para otro lado y listos. O incluso, abusando de la argumentación, se defiende a muerte la tergiversación, llegando algunos juristas, presos mentales de su ideología, hasta el olvido sincero de que es una burda manipulación. La psicología puede llegar a ser así de cruel.

Amenaza para la democracia

Hacer una enumeración de las tergiversaciones resulta inquietante, y puedo asegurar que son todas igualmente graves, porque cuando se manipula una ley, se falsea una de las principales garantías de la democracia, y este último es el mínimo común denominador en el que todos deberíamos estar de acuerdo. Pero no, algunos creen aún, como en la antigua República romana, que a veces son necesarios períodos limitados de excepcionalidad, de 'dictadura' en definitiva, para 'poner orden'. Traducido, concesiones temporales a un poderoso para que haga lo que le dé la gana durante un cierto tiempo a fin de erradicar a los rivales.

Esas conductas son solamente avisos de que cada vez que se interpreta una ley con finalidades voluntaristas, se falsea el sistema y se coquetea con prácticas propias de una dictadura. Limitándolo a asuntos relacionados con el 'procés': las leyes del Parlament de 6 y 7 de septiembre; la suspensión de la autonomía ultrapasando el tenor del art. 155 de la Constitución, que no permite esa suspensión en términos tan amplios; la insistencia en una absurda investidura 'telemática' del presidente de la Generalitat; el empecinamiento en que la Constitución "prohíbe" cuestionar la unidad de España.

Tal vez se excedió el juez instructor al considerar que el art. 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal permite suspender de sus cargos a los procesados por "rebelión" que estén presos, porque es obvio que pese al tenor literal del artículo, el legislador pensó exclusivamente en el delito de terrorismo, y no de rebelión. Ello quizás contribuyó a obcecarse con una acusación de rebelión sin violencia insurreccional insólita hasta para el autor de la norma y para más de cien penalistas españoles, muchos de muy alto nivel. La última secuela de lo anterior ha sido la decisión de la Junta Electoral Central de excluir a tres candidatos, resolución difícilmente comprensible que ha sido contestada incluso por cuatro integrantes del órgano, por la fiscalía y hasta por el Tribunal Supremo. No son habituales tan contundentes críticas, que solo se producen cuando lo decidido por los órganos correspondientes parece clamar al cielo.

Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional tienen en su mano pasar ya esta arrugada página de la historia antes de que instancias internacionales nos saquen los colores. Ojalá lo hagan pronto.