Despropósito

Desde el primer día del juicio al 'procés' - desde antes de comenzar la vista - hay una anomalía jurídica que clama al cielo. Se permite porque así lo permite la legislación española, aunque, en este caso, se trata de un evidente abuso de la norma, como ha sucedido tantas veces. La Constitución establece la posibilidad de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos ejerzan la llamada acusación particular, que es percibida como una atribución legítima en defensa de la legalidad, en un sentido genérico y sin que tengan nada que ver, personalmente, en la causa donde quieren intervenir. Es tan extraño, este concepto, prácticamente inexistente en Europa, que ha recibido, a lo largo de los años, críticas contundentes, como la que hizo Patxi López ("un uso perverso de la justicia"), cuando era lehendakari, al conocer la sentencia absolutoria del 'caso Egunkaria', en el que participaba, como acusación particular, la asociación ultra Dignidad y Justicia.

Como todos sabemos, Vox participa en el juicio, y lo hace a través de dos abogados que, cuando no llegan tarde, intervienen en los interrogatorios. Estos dos señores ahora son diputados en el Congreso, como lo son cuatro de los políticos catalanes (cinco, si contamos al senador Romeva) acusados por los dos abogados de extrema derecha. La perversión es absoluta: parlamentarios que deberían legislar y resulta que se dedican a procurar la condena de parlamentarios. El despropósito es, ahora, más descomunal que nunca.