Con la Junta hemos topado

Seguramente estamos en la campaña electoral más políticamente incorrecta de las últimas décadas. Nuevos actores, nuevos partidos políticos, un conflicto abierto y un clima de confrontación que hace tambalear algunos de los cimientos que creíamos sólidos en nuestra sociedad protagonizan una campaña forzada y prematura en la que todos están dispuestos a lo que haga falta y donde nos jugamos mucho democráticamente. El debate real, de fondo, va mucho más allá de un partido u otro, de unas ideas u otras o de una propuesta a o b. Decidimos qué entendemos por democracia: un “todo vale” liberal o un tablero de juego con líneas rojas; una lucha encarnizada donde la desinformación y las mentiras no se contrastan o una forma de convivir desde el respeto y el desacuerdo; un aniquilar al contrario o un vencerle con argumentos.

Esos argumentos son precisamente los que podemos (y debemos) escuchar y analizar en los debates electorales que, aunque no son la única pieza que mueve o decide el voto individual, sí son una fuente de información y creación de opinión y, en democracia, una parte fundamental de la transparencia, pluralidad política y equidad para las distintas opciones. Ahí entra en juego la Junta Electoral Central (JEC), que debe tomar decisiones coherentes y rigurosas respecto a la presencia de los partidos, el desarrollo de la campaña, la preparación de la jornada en sí, la celebración de las elecciones y el posterior recuento y publicación de resultados. Las campañas importan, sí. Y parte de estas son los debates. En una democracia consolidada como la española –a pesar de los preocupantes retrocesos actuales en ciertos ámbitos– se presupone una campaña justa, equitativa y rigurosa. La JEC es quien marca esas líneas rojas y debe hacerlo de forma coherente. 

No sorprende que los partidos tengan en cuenta el posible rédito electoral de asistir a un debate o de debatir con tal o cual contrincante. Lo que sorprende es que acepten hacerlo en un medio privado y no en el público o que acepten en función de si se incluye a un contrincante que ni siquiera tiene aún presencia parlamentaria.

Los partidos políticos de un Estado democrático deben querer debatir siempre, sin miedo, sus argumentos. Han de estar convencidos y ser capaces de defender las propuestas que representan. Tienen que aceptar las invitaciones a hablar y escuchar porque eso es la política, o debería serlo. Y han de respetar a cualquier fuerza política con representación parlamentaria porque su legitimidad, como la propia, proviene del voto ciudadano. Ahora bien, querer enfrentar un debate con un actor como Vox que no tiene aún presencia en el Congreso pero que mediáticamente asegura un éxito es un error democrático. El mensaje que nos da a los ciudadanos es que el resto de partidos minoritarios (pero que pueden ser mayoritarios en algunas zonas) no importan y que Vox, sin haber logrado nada aún, sí porque les da juego y visibilidad. La JEC ha hecho lo que debía, aplicar un criterio riguroso. Ahora háganlo ustedes, candidatos, y acepten un debate a cuatro o a todos y en la radio y televisión públicas. Eso es el patriotismo democrático del siglo XXI.