Opinión | Editorial
El peligro de una campaña crispada
El debate político se ha de producir sin que se cuestionen las libertades de reunióny expresión de ninguna parte
Sea por la alta cantidad de indecisos que reflejan las encuestas, sea porque algunos sectores basan su estrategia electoral en fomentar la crispación, la campaña del 28-A que acaba de empezar está ya jalonada de incidentes, particularmente en Euskadi y en Catalunya. Este domingo, la Ertzaintza tuvo que disolver a grupos de manifestantes de la llamada izquierda aberzale que intentaban impedir, mediante gritos, caceroladas y otras actitudes menos pacíficas, un mitin de Albert Rivera en Rentería. El sábado ya toparon en San Sebastián y Bilbao los radicales aberzales y los representantes de Vox. En Catalunya, Ciudadanos y el PP han sido también objeto de boicots, en Santa Coloma de Cervelló y en la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta, grupos de estudiantes independentistas, que el martes ya habían actuado, intentaron el jueves impedir el acto organizado por la asociación de jóvenes antiindependentistas S’ha Acabat, y llegaron a zarandear a algunos de los intervinientes, entre ellos Cayetana Álvarez de Toledo, aunque finalmente pudieron hablar.
Estos incidentes no son admisibles ni mucho menos justificables como hizo la candidata número dos de Junts per Catalunya, Laura Borràs, quien espetó, en referencia a la candidata del PP: «Hay gente que busca problemas y quien busca los problemas los encuentra», para explayarse a continuación en el hecho de que uno de los asistentes había hecho el saludo fascista. Gesto condenable sin paliativos pero que no puede servir para desviar la atención sobre el intento de impedir la libertad de reunión y expresión de personas con ideas distintas.
Ante este clima de intolerancia –en el campus de Bellaterra los incidentes se han repetido durante demasiado tiempo sin una respuesta decidida–, es necesaria una llamada a la calma para que todas las ideas puedan expresarse pacíficamente y en libertad. También las de rechazo, sin las cuales posturas políticas que suponen una amenaza para la convivencia correrían aún más peligro de ser normalizadas. Pero sin rebasar nunca esa línea roja que separa la manifestación de la discrepancia y los vetos y coacciones a la libertad de reunión y expresión de las ideas del contrincante. Cuando el sentido común falta, esta línea deben marcarla con claridad los cuerpos policiales. Después, que sean los electores quienes decidan con su voto quiénes merecen llevar a la práctica esas ideas.
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