El síntoma de los empadronamientos irregulares

La dificultad de las personas que viven en pisos ocupados, en infraviviendas sin legalizar, como realquilados en negro, o en barracas, para empadronarse en los municipios en los que, más mal que bien, residen, ha provocado la aparición de un mercado negro. Proliferan los casos de inscripciones en viviendas en las que en realidad no viven estas personas a cambio de una contraprestación económica. En algunos casos quizá sea un gesto de ayuda mutua, en otros, tras la transacción se oculta una estafa, o actuaciones cuasi mafiosas. Situaciones muy diversas aunque todas ellas, Código Penal en mano, una actividad ilegal que conlleva hasta seis años de prisión.

Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la infracción no es el problema, sino el síntoma. De entrada, de la carencia de una política efectiva de vivienda pública, desde la que satisfaga las necesidades de los trabajadores con sueldos a años luz de las exigencias de un mercado desbocado hasta las soluciones para las emergencias sociales. Pero también de la indiferencia ante el problema por parte de la inmensa mayoría de los ayuntamientos catalanes, con la excepción de algunos como el de Barcelona.

La imposibilidad de empadronarse aboca a parte de la población de nuestras ciudades a la invisibilidad, a la condición de algo incómodo a esconder bajo una alfombra administrativa. La imposibilidad de empadronarse es una traba que aleja a este colectivo de los radares de los servicios sociales, del acceso a la tarjeta sanitaria y por lo tanto de una atención que vaya más allá de las urgencias, de la escolarización, del acceso a ayudas que les permitan salir del círculo cerrado en el que se encuentran y aún más de la regularización de su situación en España en el caso de los inmigrantes no comunitarios.

Ampliar el alcance de la figura del empadronamiento de personas sin domicilio fijo, prevista en principio para los sin techo, es la alternativa más viable para paliar esta situación, pero solo el Ayuntamiento de Barcelona la está utilizando para las distintas tipologías de residentes en viviendas de forma irregular. No hay motivo para no extender esta aplicación flexible de la ley, siempre con el control de los servicios sociales, porque, como advierten las entidades que trabajan con estos colectivos, el padrón es un derecho que permite el acceso a otros derechos.