Corresponsabilidad: divina palabra

Cumplir con las obligaciones fiscales es la forma principal de ser solidarios con la sociedad y el mundo en el que vivimos. ¿Por qué hay tanta resistencia por parte de individuos, empresas, e incluso estados?

Empezamos por las personas. En primer lugar, cada uno tiene un umbral personal -subjetivo- de lo que considera justo pagar en concepto de impuestos, que puede estar fijado en un porcentaje o en función de la actividad. Normalmente, este porcentaje es inferior al real. En segundo lugar, los impuestos están gestionados por el gobierno de turno, con unas preferencias que pueden ser coincidentes o no con nuestra opinión. En tercer lugar, solemos creer que los servicios que nosotros necesitamos son los que no están correctamente financiados. Si tenemos hijos pequeños, no hay suficiente inversión en guarderías; si estamos pendientes de una operación, falta inversión en sanidad; si sufrimos un robo, se necesitan refuerzos en seguridad. El mundo gira en torno nuestras necesidades y preferencias.

También se añaden casos de corrupción y de malos usos del dinero público, que no ayudan a construir confianza en el sistema. Aunque se han abierto portales de transparencia en todas las instituciones públicas y los presupuestos son accesibles a todo el mundo, los ciudadanos no tenemos conciencia de cómo se distribuyen los recursos públicos y de cómo nos benefician. Por eso, a veces, estamos más satisfechos de hacer donaciones a entidades no lucrativas que nos dan confianza, que no en el pago de algunas tasas municipales, por ejemplo. Preferimos elegir que estar obligados.

Continuamos con las empresas. La viabilidad de las empresas pasa por tener beneficios, o al menos, no tener pérdidas y, por tanto, los impuestos son un gasto más, que hay que reducir al mínimo, como el resto de gastos. Las empresas grandes hacen ingeniería fiscal compleja a nivel internacional; las pequeñas y medianas, también, pero en entornos geográficos más acotados. En este sentido, las grandes salen ganando. Esto implica que hay países que basan su ventaja competitiva en una legislación fiscal laxa. Para enderezar este problema, desde el 2017, la Unión Europea publica una lista negra de aquellos países o regiones que no cumplen los mínimos de buena gobernanza fiscal: de una lista inicial de 92, el número se ha reducido hasta 14 que no quieren saber nada de buenas prácticas fiscales. En contrapartida, se ha creado una nueva lista -la gris- que incluye aquellos países que se han comprometido a hacer las modificaciones legales oportunas y, por tanto, progresan adecuadamente, pero todavía no han terminado de hacer los deberes.

Hacemos donaciones y nos sentimos orgullosos de nuestra generosidad, mientras nos indignamos ante el total de una factura una vez se ha añadido el IVA. Las empresas tienen participaciones en una filial en un paraíso fiscal, mientras hacen esfuerzos de inserción laboral de personas con discapacidad. Una de estas informaciones estará escondida en una nota a pie de página, mientras la otra tendrá fotografías de alta resolución publicadas en la web. ¿Adivinan cuál?