El precio de la formación superior

El mandato del 56%

El Govern desobedece reiteradamente la mayoría del Parlament que reclamó bajar las tasas universitarias

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El mandato del 56%

MONRA

El 7 de abril de 2016 los 73 diputados de Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot, el Partido Popular y la CUP unieron sus votos para aprobar una moción por medio de la cual el Parlament de Catalunya instaba al Govern a "revertir en el curso 2016-2017 la subida de precios universitarios que ha aplicado la Generalitat desde 2011, empezando por una reducción de un 30% en las tasas universitarias para el curso 2016-2017". Esta inaudita alianza parlamentaria, que cubría de extremo a extremo todo el espectro ideológico, suponía el 54% de los diputados y el 56% del voto popular emitido en las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

¿Cuál fue la reacción del Govern de la Generalitat? Para el curso 2016-2017 el Govern no aplicó la reducción que había demandado el Parlamento. Tampoco lo hizo para el curso 2017-2018 ni para el curso 2018-2019. Y por lo que sabemos del fallido presupuesto de la Generalitat de 2019 tampoco existía ninguna intención de aplicarla para el curso 2019-2020. En otras palabras, las tasas se mantienen en los estratosféricos niveles en los que el Gobierno las dejó en 2012, cuando de la noche a la mañana las subió nada más y nada menos que un 66%.

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Ante esta situación de desobediencia reiterada, diferentes actores sociales y políticos, con un fuerte impulso estudiantil, han emprendido una Iniciativa Legislativa Popular para hacer efectiva la reducción de los precios de las matrículas universitarias aprobada en 2016. El pasado 15 de enero la mesa del Parlament admitió a trámite la iniciativa, cuya comisión promotora dispone ahora de un plazo para reunir un mínimo de 50.000 firmas de apoyo, una cifra que parece asumible considerando el gran apoyo social que concita la propuesta. Una vez reunidas las firmas el Parlament deberá decidir si acepta tramitar y en su caso aprobar la rebaja, una circunstancia probable dado que el bloque proreducción sigue gozando de la mayoría parlamentaria, a menos que las cosas se precipiten y el Parlament se disuelva antes de tiempo.

Mientras esperamos el desenlace de esta ILP puede resultar oportuna una reflexión sobre la negativa reiterada del Govern de la Generalitat -del PDECat y ERC, en definitiva- a obedecer el mandado parlamentario del 7-A. Hasta ahora el Govern ha utilizado dos tipos de argumento. El primero es supuestamente coyuntural: no se pueden reducir las tasas universitarias porque no hay recursos para hacerlo. Como siempre, el argumento del "no hay recursos" es discutible. En junio de 2018 tampoco había recursos y el Consell Executiu encontró la manera de aportar de una tacada 20,4 millones de euros extrapresupuestarios a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Es cuestión de prioridades: es probable que nuestros actuales dirigentes -si se nos permite la expresión- tengan en más estima la programación de TV-3 que uno de los pilares de la sociedad del conocimiento.

El argumento de la inequidad

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El segundo argumento esgrimido hasta ahora es extrañamente ideológico. Como argumentó en su día Francesc Xavier Grau, flamante secretario de Universitats, la reducción del 30% de las tasas universitarias "no corrige la inequidad del sistema sino que favorece a las franjas económicamente más fuertes". En otras palabras, no se quieren reducir las tasas universitarias a las familias que sufren para pagarlas porque ello supondría beneficiar no a esas familias sino a las familias de renta media-alta o alta. Este peregrino argumento, voceado hace poco en el diario 'Ara' por el estratega de JxCat Germà Bel, y desmontado brillantemente por el añorado excomún Xavier Domènech, sorprende todavía más si se enmarca en el 'procés'. En países como Austria o Dinamarca, que son referentes para el movimiento independentista, las matrículas universitarias son directamente gratuitas para todos los estudiantes nacionales y del Espacio Económico Europeo, y a nadie se le ocurriría denostar la gratuidad con el argumento de que "favorece a las franjas económicamente más fuertes". En estas democracias avanzadas los servicios públicos son gratuitos y la redistribución se realiza con un instrumento que llamado fiscalidad. A los neoconvergentes y seudorepublicanos que nos gobiernan habría que pedirles la valentía que aplican a otros menesteres: obedezcan el mandato del 7-A (ese sí publicado reglamentariamente), reduzcan de una vez las tasas universitarias, y para reducir la inequidad del sistema inspírense en la fiscalidad de los países a los que quieren parecerse.

Profesor de la Facultad de Traducción y de Interpretación de la UAB.