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Editorial

La acuciante crisis de la vivienda

La dimensión del problema, manifestado en la escasez de vivienda social, hace obligatoria su inclusión en la agenda electoral del 28-A

Manifestación contra los abusivos precios del alquiler, este sábado en Barcelona.

Manifestación contra los abusivos precios del alquiler, este sábado en Barcelona. / ROBERT RAMOS

En los últimos cinco años, y tras la crisis provocada por las inversiones inmobiliarias, la burbuja se ha trasladado de manera alarmante al alquiler de la vivienda. Aun siendo España uno de los países europeos con menos población viviendo en régimen de alquiler (el 22,9% en comparación, por ejemplo, con Alemania, el 48,6%), lo cierto es que el aumento ha sido desorbitante. Palma de Mallorca está a la cabeza (con el 51,1% de aumento) y la sigue de cerca Barcelona, con el 47,5%. Catalunya es la comunidad en la que el porcentaje del salario dedicado al alquiler es más alto, el 51%. Se han producido desde 2013 unas alzas desmesuradas que han derivado en numerosos casos de desahucios y en la gentrificación de barrios, datos a los que hay que sumar la notable escasez de vivienda social.

Las medidas impulsadas por el Gobierno socialista, aprobadas por la vía de un decreto ley a primeros de marzo, se han centrado en la ampliación de los contratos y en el impedimento a subidas de renta por encima del IPC, además de contemplar un sistema estatal de índices de referencia. Pese a la dimensión del problema, no está siendo un tema de la agenda de la precampaña del 28-A.

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En Europa, la casuística es muy diversa, pero la sensibilidad ante el aumento de los alquileres es general por cuanto la burbuja, que se agudiza  al contemplar la vivienda como un atractivo producto financiero, afecta a todo el continente. De aquí deriva la iniciativa que ha promovido protestas este sábado a través de plataformas sociales agrupadas bajo la iniciativa Housing for all (Vivienda para todos), que busca un millón de firmas de apoyo al texto que se presentará ante la Comisión Europea, con la finalidad de transformar el teórico derecho a la vivienda en una serie de medidas concretas en el marco normativo de la UE. 

Se pretende más gasto público, ayudas generalizadas y no solo para familias de rentas bajas, incremento de la financiación y el esfuerzo presupuestario para pisos sociales, regulación global de la duración de contratos y una estadística europea homogénea. Reivindicaciones comunes en todo el continente que llegan en un momento político efervescente, en la antesala de las elecciones al Parlamento europeo. Una demanda general de la que, repetimos, debería tomar nota las formaciones políticas españolas para actuar cuanto antes en nuestro país.