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Torra en la sesión de control.

ALBERT BERTRAN

La misión de Torra no admite mociones

Jordi Mercader

La derrota de Quim Torra frente a la oposición singularmente unida a pesar del ambiente preelectoral y ante una CUP cruzada de brazos en desquite de tantos desengaños no tendrá consecuencias. El 'president' recordó el miércoles las seis reprobaciones sufridas por la alcaldesa Ada Colau para advertir de la inutilidad de lanzarle ningún ultimátum. Perder un moción sin efectos de censura por inoperancia en la gestión no le va a quitar el sueño. Él no aceptó el cargo para hacer puentes y carreteras, aprobar leyes o planes de inversión, ni tiene un programa de gobierno para la nación. Torra es un 'president' de circunstancias con una misión a cumplir: mantener la tensión institucional mientras los dirigentes independentistas sigan presos. Que la anormalidad resultante pueda perjudicar al país o le impida tener presupuestos propios incrementando así el grado de inoperancia del gobierno son solo efectos colaterales.
El plan de Torra no tiene secreto, agudizar la indignación y tener listo un decreto de convocatoria electoral para intentar capitalizar en las urnas una condena severa del Tribunal Supremo. El éxito del plan requiere que cuando se publique la sentencia sobreviva en Catalunya un gobierno para liderar las correspondientes movilizaciones de malestar; luego, en función de la magnitud de las mismas, inaugurar una nueva etapa de características todavía por definir.
De ahí que un adelanto electoral para poner fin al desquicio de un gobierno que no quiere gobernar sea un 'desiderátum', la carta está reservada para cuando convenga al independentismo y la defenderán, incluida la CUP, ante una moción de censura de verdad.
No todo está escrito. Los expertos intuyen que el TS podría considerar no probada la rebelión que intenta dibujar la Fiscalía, inclinándose por una sentencia ajustada a la desobediencia y la malversación. En este caso, la reacción de las bases independentista no alcanzaría probablemente el grado de excitación suficiente para ganar unas elecciones inmediatas y podría abrirse paso la idea de agotar la legislatura. Los dirigentes políticos juzgados seguirían en prisión por unos cuantos años, pocos en comparación al peor escenario, pero continuarían sin libertad. La justificación esencial de la anormalidad institucional decretada actualmente permanecería intacta, según la lógica de Torra.
El dilema para el 'president' sería interesante: mantener hasta el final del mandato la pasividad gubernamental vigente, arriesgando un parón monumental del país; o atenuar su obsesión por avivar la excepcionalidad. De inclinarse en aquel momento por compatibilizar la existencia de presos con la acción gubernamental ordinaria haría un gran favor a todos los catalanes, aunque debería explicar por qué dicha compatibilidad no ha sido posible de ejercer desde el primer día de legislatura. De inclinarse por aplicar hasta el 2021 el desgobierno que le ha valido una moción, las consecuencias serían insufribles y, a pesar de ello, los presos no saldrían un solo día antes de la cárcel.