La ilusoria reforma de la fiscalidad

Empieza la nueva campaña de la renta, a la que acudiremos cerca de 20 millones de ciudadanos españoles. Una cita obligada que, este año, junto a los habituales ajustes impositivos, presenta la novedad de que se realizará íntegramente sin papel, al eliminarse la declaración impresa. Una notable innovación que me lleva a considerar la disfunción entre la tradicional sofisticación tecnológica de la Agencia Tributaria, y las carencias de nuestro modelo impositivo en general. 

Desde los tiempos de José Borrell como secretario de Estado de Hacienda, de 1984 a 1991, la administración tributaria se ha caracterizado por la eficiencia en su funcionamiento interno. Su informatización fue, en su momento, modelo a imitar por parte de Haciendas de países más avanzados, y en esa línea de modernización parece empeñada.

Por contra, se mantienen unas carencias muy notables en la consecución de los objetivos que animan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), eje de nuestro sistema fiscal. Unas disfunciones que señalan por donde debería avanzarse en una reforma que va mucho más allá de la estricta fiscalidad. 

Así, son millones los ciudadanos que efectuarán su declaración de IRPF como autónomos cuando, en realidad, una parte de ellos mantiene una relación laboral que responde a la de trabajador por cuenta ajena y, en consecuencia, deberían contribuir por este concepto.

Por otra parte, son muchos quienes recibirán una nómina por parte de una compañía cuya sede no habrán pisado en su vida. Me refiero a ese creciente número de puestos de trabajo externalizados, personas que desarrollan su actividad en una empresa para la que, formalmente, no trabajan. Un supuesto que adquiere su sentido bajo determinadas condiciones que, a menudo, no se dan. Una realidad que ha adquirido trascendencia pública con el conflicto de las camareras de hotel, las denominadas kellys.

En otro sentido, las consideraciones diversas entre comunidades autónomas de un mismo supuesto tributario, como IRPF y patrimonio. La competencia fiscal entre Comunidades puede tener su sentido a partir de una concepción compartida, estable, y transparente de la financiación autonómica y su correspondiente rendición de cuentas a los ciudadanos. No es, en absoluto, el caso.

Finalmente, los informes más rigurosos señalan que la mayor pérdida de recaudación viene de la elusión fiscal que, especialmente por vía internacional, se halla al alcance de las grandes rentas y patrimonios. Cuando se miran las cifras declaradas por IRPF en España, la pregunta es automática: ¿cómo es que tenemos tan pocos ricos? La respuesta es sencilla: no tributan por IRPF.

Si los falsos autónomos cotizaran como empleados por cuenta ajena; las externalizaciones se limitaran a las que responden a su sentido más propio; la competencia entre comunidades fuera sensata y leal; y los ricos cotizaran como el resto de ciudadanos, muchos de los graves problemas, que no sabemos cómo afrontar, se reconducirían. Más ilusorio, imposible