La vivienda social en campaña

Las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en materia de política de vivienda pública llevan meses sometidas a altibajos. <strong>La iniciativa de Ada Colau de fijar un 30% de vivienda pública protegida en la ciudad de Barcelona</strong> estuvo congelada desde el departamento de Territori i Sostenibilidad hasta que fue aprobada en un ‘happy end’ que ahora parece frustrarse con la letra pequeña del decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda del pasado 5 de marzo, que debe aún ser convalidado en el Parlament.

El decreto avanza en las posibilidades de expropiar vivienda sin uso para garantizar su uso social y en la cualificación permanente de la vivienda protegida como tal, pero limitándola a promociones públicas o en suelo previsto para ello, en un gesto que Colau considera claramente insuficiente. También establece que los precios máximos de venta y en consecuencia de alquiler de la VPO puedan ser mayores en las zonas de más demanda, medida que limita de entrada (aunque Calvet alega que la política de ayudas públicas compensaría este posible efecto) una de las funciones que debería tener la política de vivienda pública, la de reaccionar ante las dinámicas del mercado que impulsan la gentrificación y expulsión de vecindario de los barrios en los que ponen su ojo los intereses turísticos o inversores.

<strong>El mismo día en que, afortunadamente, los partidos políticos catalanes se comprometían a no jugar sucio con la inmigración</strong> como baza de ventajismo electoral, la vivienda social se convertía en instrumento de precalentamiento de campaña. <strong>Por la contundencia de las acusaciones de Colau y por la respuesta del ‘conseller’ Calvet, </strong>acusándola de incumplimiento de sus compromisos programáticos con la vivienda social en términos indistinguibles de los utilizados por Elsa Artadi como candidata de JxC.

Es cierto que del primero de estos acuerdos depende en gran parte un objetivo tan básico como el mantenimiento de la convivencia y la interposición de una barrera frente a la contaminación del discurso político por la extrema derecha. Pero el derecho a la vivienda, puesto en cuestión tanto por las situaciones de emergencia habitacional como por la expulsión del vecindario de zonas que el mercado está convirtiendo en coto vedado, es otro imperativo que exigiría juego limpio y grandes pactos ajenos más allá de las tensiones de las convocatorias electorales.