Incumplir la ley no sale gratis

Uno de los elementos que determina la bondad de un sistema de justicia de un país es el tiempo que se necesita para tratar un caso, aprobar una ley urgente o aplicar las sentencias. Y en muchos casos, la decisión de acelerar o no estos periodos de tiempo revela cuáles son las prioridades del Gobierno de turno o de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Esta semana, Europa ha vuelto a sacar los colores al Estado español al hacerse pública la recomendación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se multe a España por sus años de retraso en reformar la ley de créditos hipotecarios para adaptarla a la directiva europea sobre esta materia, del 2014, mucho más protectora de los consumidores que la legislación española. La multa puede llegar a 100 millones de euros. Pero más significativo que la cantidad es la constatación de la demora en un asunto tan grave y de tanta repercusión social como es el de este caso.

Se prevé que el Tribunal tarde todavía unos dos meses en emitir sentencia sobre la petición del abogado general, que la presentó a instancias de la Comisión Europea. Podría darse la circunstancia de que si se impone la sanción coincida con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria española que se adapta a la citada directiva, prevista para mediados de junio. Y con  la paradoja de que sea un Gobierno socialista que precisamente aceleró la aprobación de la ley el que deba asumir el varapalo por un retraso que fue responsabilidad del anterior Ejecutivo del Partido Popular. La actual ministra de Economía, Nadia Calviño, exalto cargo de la Unión Europea, se marcó como una de las prioridades de su corto mandato acelerar la trasposición de las directivas europeas que favorecían a los consumidores a la legislación española, mientras que su predecesor en el puesto, Luis de Guindos, se lo tomó con mucha más calma en esta cuestión.

Entre los argumentos del abogado general para justificar la necesidad de multar a España por este caso, destaca que la falta de trasposición de la directiva perjudicó a los intereses públicos y privados “a la luz de los problemas en el sector hipotecario español”. Y, recuerda una resolución del  Parlamento Europeo del 2015 en la que se llamó la atención “sobre cientos de miles de desahucios y la falta de protección para los prestatarios que la crisis financiera había agravado”. Y el mismo europarlamento ya pedía entonces a la Comisión Europea que supervisara estrechamente la trasposición en todos los estados miembros de la directiva del 2014. Pese a las advertencias, anuncios de multas, la gravedad del problema, las numerosas peticiones de intervención del TJUE, España ha tardado cinco años en adaptar totalmente su legislación, y aún no ha entrado en vigor. El tiempo también es una medida de justicia.