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EN CLAVE EUROPEA

La primera ministra británica, Theresa May, pasa ante las banderas de la UE y del Reino Unido tras celebrar una rueda de prensa en Bruselas. 

EMMANUEL DUNAND (AFP)

La UE intenta evitar un 'brexit' abrupto

Eliseo Oliveras

Un nuevo informe cifra el coste para los Veintisiete de una salida sin acuerdo en 40.000 millones anuales

La 'premier' británica trató una vez más de forzar la mano a los líderes europeos con una propuesta imposible

Los Veintisiete han realizado en la cumbre europea de Bruselas del 21 y 22 de marzo un esfuerzo in extremis para evitar la salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea (UE), debido a su elevado coste económico para todo el continente. Ante las confusas y evasivas respuestas de la desacreditada primera ministra británica, Theresa May, durante la cumbre, los Veintisiete han adoptado la única medida posible: salvar al Reino Unido de autoprecipitarse en el abismo de un brexit sin acuerdo el 29 de marzo y dar dos semanas adicionales de plazo a la clase política británica, en especial al dividido Gobierno y Partido Conservador, para que reflexione y consensúe una salida del laberinto que ellos mismos han creado.

Después de dos años de caóticas negociaciones y propuestas irrealistas, May intentó una vez más forzar la mano a la UE con su nueva petición imposible: retrasar el brexit hasta el 30 de junio. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le había advertido personalmente antes de que formulara esa propuesta que por imperativos legales la duración de la prórroga y la fecha límite de salida del país de la UE debía ser antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo, a menos que el Reino Unido decidiera participar en esos comicios; algo que May había descartado con firmeza.

La fórmula de prórroga del brexit acordada en la cumbre traslada al Reino Unido la responsabilidad exclusiva de una eventual salida abrupta, sesgando de raíz las maniobras de May para endosar esa responsabilidad a los Veintisiete por no querer aceptar las condiciones que quería imponerles el Gobierno británico.

En el tejado británico

Si el Acuerdo de Retirada de la UE es ratificado por el Parlamento británico la próxima semana, el Reino Unido tiene de plazo para salir hasta el 22 de mayo. Si el acuerdo no es ratificado, el Reino Unido deberá decidir como muy tarde el 12 de abril si opta por salir de la UE sin acuerdo, si renuncia al proyecto de abandonar la UE o si pide una prórroga más larga y entonces debe participar inexorablemente en las elecciones del Parlamento Europeo de mayo. La responsabilidad será enteramente británica.

Desde que el anterior primer ministro, David Cameron, decidió convocar el referéndum del 2016, la pelota siempre ha estado en el tejado británico, aunque el Gobierno y el Partido Conservador hayan actuado como si fuera la UE la que debía acomodarse a las exigencias británicas, quizá reflejo de viejas nostalgias imperiales oxidadas y caducas.

Tras el discurso incendiario de May del 20 de marzo, en el que hizo un llamamiento a los ciudadanos contra los diputados de la Cámara de Comunes, las cancillerías europeas dudan de que la premier sea capaz de lograr que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida, que ya ha rechazado en dos ocasiones. Por ello, la posibilidad de una salida abrupta sigue muy presente y los Veintisiete han acelerado las medidas preventivas para intentar amortiguar las disrupciones que causará.

Coste millonario

Un brexit sin acuerdo costará al conjunto de los ciudadanos de los Veintisiete una pérdida de ingresos global de 40.000 millones de euros anuales y a los del Reino Unido de más de 57.000 millones anuales (equivalentes a 873 euros per cápita), según el último informe sobre el impacto regional publicado el 21 de marzo por la Fundación Bertelsmann. Por el contrario, Estados Unidos será el principal beneficiario económico de un brexit abrupto, con un incremento de los ingresos de 13.200 millones anuales, seguido de China con 5.000 millones anuales, según el mismo informe.

Dentro de la UE, los países con mayor relación económica con el Reino Unido serán los más perjudicados: Irlanda (726 euros per cápita anuales), Luxemburgo (220 euros), Holanda (186 euros), Dinamarca (158 euros), Bélgica (149 euros), Suecia (143 euros), Francia (120 euros) y Alemania (115 euros).

El informe estima que un brexit abrupto causará en España una pérdida de ingresos anuales de 3.115 millones, equivalentes a 65 euros per cápita. A nivel regional, Catalunya sería una de las comunidades más afectadas, con un coste global anual de 547 millones (74 euros per cápita). El Banco de España también estimó el 19 de marzo que un brexit abrupto tendría un efecto acumulado negativo en la economía española al cabo de cinco años del 0,82% del PIB, unos 10.000 millones.

El informe de Bertelsmann destaca que un brexit suave pactado reduciría el impacto negativo casi a la mitad: 32.000 millones anuales en el caso del Reino Unido y 22.000 millones para el conjunto de los Veintisiete. El Banco de España estima que un brexit pactado con un acuerdo comercial tendría un impacto casi nulo para España (0,02% del PIB, unos 241 millones).