La agenda pendiente del Gobierno abierto

La reciente celebración de la Semana del Gobierno Abierto nos muestra que sigue siendo una asignatura pendiente en Catalunya y en España. La agenda pública en los gobiernos que empezarán sus mandatos los próximos meses no puede obviar la necesidad de tener instituciones más abiertas que generen confianza por parte de la ciudadanía, y con una forma de funcionar adaptada la sociedad red del siglo XXI.

Seguir de cerca otras iniciativas en los países anglosajones nos hace visualizar la agenda pendiente en esta materia. Hace unos 10 años que el concepto 'open government' apareció en la agenda, especialmente de Obama en Estados Unidos y de Gordon Brown en el Reino Unido, como líderes políticos de referencia. En sus países, en ese momento la transparencia y el derecho a solicitar  información pública ya estaba  asumido, porque el "derecho a la información" forma parte del ADN de sus constituciones. Por eso su  agenda consistió en la creación de portales de datos abiertos -publicar información, hacerla accesible a todas las personas y orientarla a la investigación, mejora de acción pública y reutilización económica.

Aquí, como sucede en el sur de Europa, y en los países iberoamericanos, la agenda comenzó por implantar la transparencia y la participación, por dos razones: no estaban en nuestra cultura democrática, y por tanto estaba todo por  hacer, y los casos de corrupción y desencanto de la política requieren de acciones urgentes para renovar la confianza en las instituciones.

En estos años, casi todos los gobiernos han construido un espacio de transparencia donde publicar información relativa a sus cargos públicos, como retribuciones o declaraciones de bienes, y poseen espacios de participación 'online', pero en demasiadas ocasiones los datos abiertos disponibles requieren mucha más calidad y actualización.

Abordar la transparencia ha sido el primer eslabón, pero estamos lejos de los países de referencia. La ley de transparencia española nació y sigue desfasada, y la ley catalana es muy ambiciosa, pero queda mucho por cumplir. Afecta a todos los organismos y empresas públicas, y pocas de ellas poseen un portal de datos abiertos, muchas veces solo enfocado a la transparencia.

Camino por recorrer

El decálogo de la Coalición ProAcceso, una referencia en la materia, nos muestra la agenda pendiente. El "derecho a saber o libertad de información" aún no está reconocido como derecho fundamental, y en el terreno práctico, cuando una persona realiza una petición de información pública está lejos de ser "sencillo, rápido y gratuito". Ni mucho menos todos los poderes del Estado y organizaciones públicas disponen de datos abiertos o canales de petición de información. Los datos abiertos pueden tener unos beneficios sociales mucho más allá de fuente de información para la transparencia y de facilitar la participación ciudadana -no hay participación responsable si no hay participación informada-, sin duda ambos conectores entre ciudadanía y gobiernos.

El potencial de los datos abiertos consiste en transformarlos en valor público y económico. En este sentido su impacto social va más allá del ámbito de participación ciudadana. Para eso es necesario alinear las rutas de publicación de datos de las instituciones con sus prioridades en las políticas públicas y de desarrollo económico.

Usar los datos para mejorar la eficiencia en las instituciones cada vez es más una necesidad que una opción.

Mientras las grandes empresas aplican 'big data' para mejorar su competitividad, ofrecen productos a la medida de diversos segmentos de clientes y mejoran sus resultados, ¿tiene sentido que el sector público no organice mejor las gran masa de datos que posee para ser más eficiente y ahorrar dinero público?

De la misma forma, las administraciones públicas deben usar datos para diagnosticar y planificar mejor las políticas públicas que sirven para dimensionar los problemas. Tenemos buenos ejemplos en  proyectos de movilidad o agricultura, y deben también aplicarse en el ámbito social.

Además los datos permiten innovar, crear servicios y productos más eficientes y efectivos, y fomentar el crecimiento económico y la productividad. Por esa razón se habla de los datos abiertos como “la materia prima más accesible” ya que se trata de datos públicos y gratuitos.

La agenda de gobierno abierto de los próximos años debe ser más madura y estratégica, con una visión para usar los datos para afrontar los retos de las políticas públicas y orientada a la promoción económica de nuestros territorios.