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Editorial

La propuesta perversa del PP

Casado da una nueva muestra de su deriva ultraconservadora con la idea de retrasar la expulsión de inmigrantes que donen a su hijo

Pablo Casado, el pasado martes en un acto en Vitoria.

Pablo Casado, el pasado martes en un acto en Vitoria. / EFE / DAVID AGUILAR

Algunos analistas, como Carmen Domingo en EL PERIÓDICO, la han calificado de “perversión disfrazada de generosidad”. Se trata de la propuesta electoral del PP, enmarcada en un proyecto de ley de apoyo a la maternidad, que prevé el retraso en la expulsión a las mujeres inmigrantes que den su hijo en adopción. Mientras dure el embarazo y sin que una decisión tan trascendental les asegure “ningún blindaje” futuro en su situación irregular. En este último supuesto ya entraríamos directamente en distopías tan crueles como las que se describen en 'El cuento de la criada' –las mujeres fértiles que deben entregar su hijo a familias sin posibilidad de descendencia–, pero aun así, con el globo sonda lanzado por el partido de Pablo Casado, se entra en un terreno moralmente espinoso, por cuanto lo que aparenta ser una protección de la intimidad en caso de voluntad de donación por parte de la madre se convierte en una especie de promesa (en la que se combina el binomio maternidad-pobreza) que difiere la posible expulsión a cambio del bebé, algo que hiere la sensibilidad social en grado extremo. Esta es una idea que ya tiene vigencia en la Comunidad de Madrid con el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos. Bajo la capa de las “razones humanitarias” (que un organismo de la administración no denuncie a la mujer que explícitamente quiere donar) y para “evitar que los niños aparezcan en contenedores” se pervierte la ecuación y la medida se convierte en una invitación a donar, aprovechando un estado altamente vulnerable, a cambio de una cierta seguridad legal que, por otra parte, ya está prevista, sin necesidad de tapujos o legislaciones alternativas,  en la propia Constitución y en la Ley de Extranjería.  

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El anuncio del PP ha recibido críticas unánimes y contundentes. Desde Ada Colau (“Machistas, racistas, clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas”) hasta Grande-Marlaska (“Se trata cosificar tanto el género femenino como las personas que se encuentran en situación irregular”), pasando por múltiples entidades y organismos que han calificado la propuesta como “repugnante e inconstitucional”.  Subyace en todo ello una deriva ultraconservadora de Casado que parece destinada, por ahora, a plantear hipótesis –como la del retorno a la ley del aborto de 1985– tendentes a sondear el panorama electoral y a pescar en las turbulentas aguas de la extrema derecha.