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Lazos en las fachadas

Lazo amarillo en el interior del patio dels Tarongers del Palau de la Generalitat, en junio pasado.

JORDI COTRINA

Símbolos de parte en las instituciones de todos

Astrid Barrio

Un requisito básico para considerar que un proceso es democrático es precisamente que en campaña las instituciones actúen con total neutralidad

A instancias de Ciudadadanos, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la Junta Electoral Central (JEC) ha exigido al presidente Torra la retirada de los lazos amarillos y de las 'estelades' de los edificios que dependen de la Generalitat por considerar que estos símbolos comprometan la neutralidad institucional exigible en una campaña electoral. Sostiene que los lazos se utilizan para recordar los dirigentes independentistas en prisión preventiva y que pueden ser utilizados por las formaciones políticas como propaganda electoral. El Govern de la Generalitat ha estimado oportuno recurrir esta decisión sin que ello implique paralizar la decisión y ha anunciado una respuesta contundente que finalmente ha sido desafiar a la JEC. Se arriesga a ser multado y en última instancia, como ya sucedió a la alcaldesa de Berga que se negó a descolgar las 'estelades' del ayuntamiento en las elecciones autonómicas y generales de 2015, podría llegar a ser inhabilitado.

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El Govern se ha tomado la decisión de la autoridad electoral como una ofensa porque asume que la defensa de los presos trasciende las fronteras partidistas al afectar al núcleo de derechos básicos en democracia y porque considera que la prohibición de exhibir esa simbología supone un ataque a la libertad de expresión. Así lo ha denunciado en una desafortunada analogía la 'consellera' de Presidència Elsa Artadi utilizando una frase de Anna Frank. Pero ambos argumentos presentan problemas. Por un lado no es cierto que la defensa de los presos sea una cuestión transversal: en Catalunya hay mucha gente que considera que su situación es injusta pero también hay muchos ciudadanos que creen que no lo es porque están siendo juzgados por unos delitos de extrema gravedad.  Por el otro porque no se puede considerar un ataque a la libertad de expresión porque los titulares de los derechos son los individuos y no las instituciones.

Y las instituciones son patrimonio de todos y no solo de los partidos que las gobiernan. Una obviedad en el marco de una democracia pluralista que demasiado a menudo se pierde de vista por culpa de los intereses partidistas y por la voluntad de patrimonialización. No se trata pues de un problema de colisión de derechos sino de un intento de usar las instituciones en beneficio propio que condiciona el derecho de todos los ciudadanos a unas instituciones neutrales.

En este sentido hace bien la Junta Electoral, en ausencia de regulación específica, cuando exige la retirada de lazos y de 'estelades' de los edificios públicos durante la campaña electoral. No vano sus principales funciones son velar por la transparencia y la objetividad del proceso electoral y garantizar el principio de igualdad. Del mismo modo que se consideraría contrario al principio de igualdad que las fachadas de 'conselleries' lucieran propaganda electoral no debe de extrañar que se exija la retirada de una simbología no solo de parte sino directamente relacionada con algunos de los candidatos. Un requisito básico para considerar que un proceso es democrático es precisamente que en campaña las instituciones actúen con total neutralidad porque la mejor manera de garantizar un debate plural y en igualdad de condiciones. Esto si que va de democracia. Y no solo en periodo electoral.