La naturaleza del 'procés'

Tomar al asalto el poder

Con el 1-O se intentó legitimar el golpe parlamentario que había derogado el orden democrático constitucional

Una grúa se lleva los vehículos de la Guardia Civil que aparcaron frente a la Conselleria de Economia.

Una grúa se lleva los vehículos de la Guardia Civil que aparcaron frente a la Conselleria de Economia. / periodico

Joaquim Coll

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Sorprende la facilidad con la que algunos medios y analistas descartan taxativamente los delitos de rebelión o sedición. Evidentemente tampoco se puede sostener lo contrario pero sí exigir rigor en el análisis y sobre todo recomendar paciencia porque queda mucho juicio, con la mayoría de las pruebas testificales por hacer y todas las periciales y documentales por examinar. Nadie duda de que en el 'procés' hubo desobediencia (los acusados alardearon de ello) y que se dieron situaciones de intimidación, incluso de violencia o aceptación de un escenario violento. Cosa diferente es si alcanza a ser rebelión. El delito de sedición exige un alzamiento tumultuario, y lo que ocurrió frente a la Conselleria d'Economía podría serlo, pero es pronto para sacar conclusiones. Ahora bien, dejando a un lado el debate penal, lo interesante es comprender la naturaleza sociopolítica del 'procés'.

El catedrático de derecho procesal Jordi Nieva-Fenoll escribía hace unos días que “los independentistas solamente estaban realizando movilizaciones de reivindicación o protesta, pero que nadie estuvo pensando en tomar al asalto el poder”. Sinceramente, es una visión muy dulcificada de lo que sucedió. En septiembre de 2017, el Govern Puigdemont convocó a la ciudadanía a participar en un referéndum vinculante. Las leyes de desconexión de los días 6 y 7, preveían consecuencias político-jurídicas trascendentales. El 20, frente a Economia, los independentistas fueron llamados por la ANC y Òmnium a “defender las instituciones catalanas” que, supuestamente, estaban siendo atacadas por la justicia española. Esa manifestación o protesta se convirtió en el secuestro de una comitiva judicial con la finalidad de meter presión para celebrar el referéndum ilegal (“Votarem, votarem”). El poder en Catalunya no tenía que asaltarse, como si fuera un golpe de Estado clásico, porque los partidos separatistas ya lo ocupaban (poder autonómico y local). Con el 1-O se intentó legitimar -mediante la fuerza ciudadana- el golpe parlamentario que había derogado el orden democrático constitucional, sustituyéndolo por otro de corte iliberal.