Un viernes de igualdad y vivienda

Llegó el primer ‘viernes social’ con avances importantes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y en la <strong>regulación del alquiler</strong>. El anuncio confirma la intención del Gobierno de aprobar, hasta el <strong>28-A</strong> y en cada Consejo de Ministros, sustanciosas <strong>medidas sociales</strong>. Una estrategia no ajena a los intereses electorales que materializa parte del programa socialista y que le permite dejar huella de su breve, pero intenso mandato.

No es casualidad que, con la vista puesta en el 8-M, el Ejecutivo de Sánchez haya querido sacar adelante unas medidas que refuerzan su discurso feminista. Así, por decreto ley se amplía el <strong>permiso de paternidad</strong> hasta las 16 semanas. La ampliación se desarrollará de forma progresiva. Este 2019 será de ocho semanas y se llegará a la equiparación con el permiso de maternidad en el 2021. Las seis primeras semanas serán de permiso obligatorio para ambos progenitores y, hasta los 12 meses del bebé, previo pacto de la empresa, podrá disponerse del resto del permiso. Con estas medidas se da respuesta a una reiterada reivindicación por la igualdad que pone el foco en la conciliación y la corresponsabilidad. El mismo decreto trabaja por reducir la brecha salarial instando a las empresas a tener un registro de salarios desagregado por sexo y a adoptar planes de igualdad, en un plazo de entre uno y tres años, a todas compañías con más de 50 empleados (hasta ahora era el límite era de 250).

Con más claroscuros ha nacido un apresurado <strong>decreto de alquiler</strong> que, a pesar de significar un avance, resulta insuficiente para dar respuesta al problema superlativo de la vivienda. Son demasiados años de desidia de los poderes públicos, demasiadas carencias en vivienda social y demasiados intereses privados como para ser resuelto en estas condiciones de premura. Aun así, las medidas adoptadas ofrecen más protección al inquilino, establecen mecanismos para el control de los alquileres turísticos y ponen fin a los desahucios abiertos, aquellos que se fijan sin concretar ni hora ni fecha y sumen a las familias en una cruel incertidumbre.

La igualdad y la vivienda son dos derechos básicos indiscutibles. Su protección debería conciliar consensos amplios y estables. Mientras estos acuerdos no llegan, cada paso que se dé en su defensa resulta imprescindible.