La lacra de la vivienda

En España hay un grave problema de acceso a la vivienda que viene de lejos, que se ha convertido en el principal motivo de ansiedad para las familias, y que no se va a resolver con el apresurado decreto de alquiler que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de que la Constitución consagra en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos no han promovido en el pasado las condiciones necesarias para prevenir la especulación, más bien lo contrario.

En España no solo los bancos hicieron dinero con el boom del ladrillo.  Los ayuntamientos y las comunidades autónomas engordaron sus arcas gracias a la recalificación de terrenos públicos que luego fueron vendidos a promotores privados. La fiscalidad de la vivienda, con tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía municipal o el controvertido impuesto de Actos Jurídicos Documentados, también supuso importantes ingresos para autonomías y ayuntamientos.

A pesar de que durante la crisis económica miles de pisos quedaron vacíos en manos de los bancos y de la Sareb, ni el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero primero, ni el de Mariano Rajoy después, fueron capaces de pactar con el sector financiero un canje de vivienda a cambio de los fondos millonarios que se inyectaron para rescatar al sector de las cajas de ahorros. La deuda del rescate financiero se socializó, pero los pisos quedaron en manos de operadores privados que pagaron por ellos muy poco.  

Como consecuencia de esta desidia, la vivienda de alquiler social supone actualmente tan solo un 3,5% del mercado total, mientras que los pisos de propiedad representan  un 77,1% y el alquiler a precio de mercado, un 13,8%.

Los colectivos vulnerables se encuentran en una situación de extrema fragilidad ya que el alquiler de mercado sube mientras que los sueldos no se han recuperado a los niveles de antes de la crisis. En paralelo, los bancos han limitado la concesión de hipotecas ajustando el perfil de riesgo del cliente para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió durante la época de euforia del ladrillo. Como consecuencia, en la actualidad la mayoría de los desahucios se producen en pisos de alquiler que son propiedad de particulares, fondos de inversión o de empresas.

La situación es tan delicada que el decreto del Gobierno, por más que tenga buena voluntad, representa un parche. El sector de la vivienda necesita un plan de choque que necesariamente debe pasar por que los políticos se sienten con los que tienen los pisos (inmobiliarias, bancos y fondos como Blackstone, etc) para analizar de qué manera se puede crear un parque de vivienda social y un mercado con unos alquileres más asequibles abordando a fondo la fiscalidad y la limitación de precios. La obligación de las administraciones es buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos. Y no usar la vivienda como un arma electoral.