Rosell y los excesos de la prisión preventiva

La Audiencia Nacional ha resuelto esta mañana dejar en libertad sin fianza al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que está siendo juzgado por un supuesto blanqueo de 20 millones de euros por unas comisiones a raíz de unos partidos de la selección brasileña de fútbol. La decisión llega casi dos años después, concretamente 21 meses, de que ingresara en la prisión madrileña de Soto del Real. Rosell, y su socio el abogado andorrano Joan Besolí, deberán comunicar su domicilio, se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer el primer y tercer lunes de cada mes ante el juzgado o comisaría más cercano a su casa.

Son los mismas medidas cautelares o condicionantes que se podrían haber adelantado mucho antes de esta decisión de la magistrada Concepción Espejel y haber acabado con una abusiva situación de prisión preventiva, que se inició en mayo del 2017. El caso muestra de forma rotunda los excesos de la aplicación de esta medida en el ordenamiento jurídico español. El riesgo de fuga se está revelando como un argumento que se aplica de forma arbitraria, como ya ha manifestado la defensa del expresidente azulgrana en alusión a un caso de tanta gravedad como el de La manada, o sin ir más lejos con los políticos presos en el juicio del ‘procés’. La concesión de la libertad sin fianza, aunque tarde, es la mejor vía para que Rosell y su socio puedan enfrentarse a un juicio por un caso en el que han proclamado con reiteración su inocencia.