CONTRAPUNTO

Rejuvenecer la Administración

La universalización de servicios públicos en los 80 necesita ahora un relevo

Protesta de los funcionarios para reclamar el retorno de las pagas extra que se les debe.

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Salvador Sabrià

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En la década de los 80 del siglo pasado (que lejos que suena esta referencia temporal), el Gobierno del PSOE liderado por un joven Felipe González adoptó algunas medidas de gran calado que han durado hasta hoy. De estas, destacan la progresiva universalización de dos servicios públicos básicos: la sanidad y la educación. Para ello fue necesario una voluntad política que se reflejase en los Presupuestos y realizar grandes ofertas de empleo público, primero desde la Administración central y posteriormente desde las autonomías que asumieron progresivamente estas competencias, con Catalunya a la cabeza.

De eso, efectivamente, hace ya muchos años y ahora se empiezan a notar: aquellas plantillas pioneras están a punto o muy cerca de la jubilación. Lo que sería una situación normal, se ha convertido en un problema porque durante el decenio de la crisis se han congelado muchas pantillas y la renovación de personal ha quedado cortada en seco en algunos ámbitos.

La conclusión de todo ello se resume en un informe que ha preparado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que sitúa la media de edad de los funcionarios de la administración general del Estado en 51,9 años. Y calcula que en el 2028 se habrán jubilado unos 67.000 empleados públicos de esta plantilla, pocos más de los 70.500 que seguirán en activo. Además, de este grupo de activos unos 23.000 estarán en la franja de edad que se jubilará en los próximos cinco años y el 80% tendrá más de 50 años. En definitiva, una plantilla muy envejecida que necesita un relevo planificado ya que en caso contrario el nivel de prestación de servicios públicos no resistirá los recortes de personal o las  tasas de reposición inexistentes que se aplicaron en varios ejercicios de la crisis (sucedió con carácter general del 2012 al 2015).  

Los autores del informe advierten de que no todos los niveles de administración tienen el mismo porcentaje de gente mayor en sus plantillas, porque con las transferencias a las autonomías hubo cierta renovación. Pero de eso hace también ya muchos años. Los sindicatos llevan tiempo advirtiendo de que puede haber salidas masivas de maestros y médicos y que es necesario preveer esta situación. A última hora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una medida en esta línea. Posiblemente será insuficiente pero abre una vía que no debería abandonarse, sea del color que sea el próximo Gobierno, si se pretende mantener unos buenos y modernizados servicios públicos. Ha costado mucho tiempo y dinero crearlos y mantenerlos para ahora dejarlos pudrir por falta de planificación.