TRIBUNA

Dos semanas de proceso

Los fiscales parecen haber dejado de lado el aspecto más relevante de la acusación más grave: el de la violencia

Manuel Marchena, Andrés Palomo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta

Manuel Marchena, Andrés Palomo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta / POOL / EMILIO NARANJO

Jordi Nieva-Fenoll

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Cuenta una crónica apócrifa la sorpresa que se llevaron los invasores romanos, y quizás no pocos hebreos, cuando descubrieron que en el Templo de Jerusalén, detrás de unos velos que supuestamente cubrían el Arca de la Alianza, en realidad no había nada  porque el Arca se habría perdido hacía mucho tiempo. La historia quizás sea falsa, pero es ilustrativa de la similar sorpresa que muchos televidentes han podido experimentar. 

Los ciudadanos han visto a siete magistrados siguiendo las sesiones, con el presidente muy pendiente de los interrogatorios para agilizarlos sobre todo. Algunos toman notas de lo que presencian, y otros parecen confiar en su memoria y en las actas y grabaciones de las sesiones. En todo caso, la mayoría refleja la histórica descripción de la exposición de motivos de la vigente ley de enjuiciamiento criminal de 1882, que sugiere que los jueces permanezcan "pasivos, retraídos, neutrales, a semejanza de los Jueces de los antiguos torneos, limitándose a dirigir con ánimo sereno los debates". Quizás hoy en día merecería la pena que los jueces tuvieran una participación algo más activa, como es más común en otros tribunales con hábitos procesales más modernos y menos pétreos. Pero al margen de ello, lo importante es que presten atención, lo que no es fácil cuando las sesiones duran mucho tiempo. El cansancio hace mella en cualquiera, también en los jueces.

Por otra parte, se ha visto una actuación de los fiscales aquejada por algunos sorprendentes titubeos e imprecisiones que no han dejado una buena imagen. Al margen de ello, Fiscalía llegó a afirmar que "no se penaliza la movilización, sino los resultados y consecuencias de esa movilización", lo que llevado a las últimas consecuencias resulta inquietante para el derecho de manifestación. Además se intentó preguntar a un acusado directamente sobre su declaración durante la instrucción, cuando la propia ley recuerda muy reiteradamente que solo se puede valorar la declaración realizada en el juicio, señalando a lo sumo contradicciones con la prestada anteriormente. Ello se hace, entre otras importantes razones, para que el acusado se defienda libremente y no sea preso de sus anteriores palabras. Así lo protestó el abogado del acusado y lo corregió debidamente el presidente de la sala.

El misterio de los coches

Finalmente, hemos acabado estos días sin saber si fueron dos, tres, cuatro o siete coches los que sufrieron daños en la concentración ante la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre. Tampoco sabemos en qué consistieron esos daños, ya que ha resultado imposible determinar si fueron "destrozados", "devastados", o simplemente "abollados". Ojalá el resto de pruebas aclaren este punto, aunque no es tan esencial como se ha solido decir. Los coches no ardieron en una batalla campal entre policía y manifestantes con barricadas y heridos, que es lo propio de una sedición. De lo contrario, el 20 de septiembre habría sido la primera "sedición" sin heridos de la historia del mundo.

Justo esa cuestión es la que ha resultado más llamativa en estos días. Los fiscales parecen haber dejado de lado el aspecto más relevante de la acusación más grave de cuantas se formulan: el de la violencia. El punto fue objeto de debate intenso en el interrogatorio de Joaquim Forn, y el acusado contestó con detallismo, seguridad y firmeza. Su abogado hizo una labor impresionante. Pero desde entonces, los fiscales han pasado como de puntillas sobre ese aspecto crucial. Y ante este hecho destacable caben al menos tres interpretaciones. O no se refieren a la violencia porque el interrogatorio de Forn evidencia que no la hubo –lo que les forzaría a pedir la libertad de los presos y a retirar la acusación de rebelión–, o entienden que la violencia requerida por el Código Penal se satisface con demostrar que existió una situación de tensión política ciudadana –lo que supondría una inadmisible interpretación extensiva del delito de rebelión–, o bien creen que estratégicamente, para el éxito de la acusación es mejor pasar por alto ese controvertido aspecto y dejarlo en una nebulosa. Esto último sería inaceptable porque la Fiscalía está obligada a sacar a relucir aquello que aproveche a la absolución de los reos.

Falta por escuchar a un auténtico batallón de testigos que irá desfilando ante los siete jueces y ante todos nosotros. La semana que viene tendremos probablemente el plato más fuerte: la declaración del expresidente Rajoy y sus ministros. Ojalá aporten claves interesantes. Están obligados a ello.