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Contrarreforma laboral 'exprés'

El intento de derogar la reforma laboral por la vía del decreto ley marcará la campaña política con muchas posibilidades de quedarse reducida a un cartel electoral

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Manifestación contra la reforma laboral, en febrero del 2014 en Barcelona.

Manifestación contra la reforma laboral, en febrero del 2014 en Barcelona. / ELISENDA PONS

Durante los próximos días, la tensión política irá in crescendo alrededor del decreto ley de contrarreforma laboral que podría ir a Consejo de Ministros el próximo viernes. Los sindicatos presionan para que Pedro Sánchez apruebe algunas medidas laborales antes de que termine la legislatura tras ocho meses de promesas. La CEOE liderada por Antonio Garamendi está en pie de guerra contra un reforma dura de la legislación laboral y está haciendo pinza con la patronal Foment presidida por Josep Sánchez Llibre para presionar a los partidos políticos. En los círculos empresariales no quieren ni oír hablar del PSOE y respiran aliviados por el fin de la legislatura.

La medida será inédita porque la vía utilizada será la de un decreto ley que entrará en vigor tan pronto como salga publicado el texto en el BOE, pero no podrá ser convalidado por el Congreso. La razón se debe a que el 5 de marzo se disolverán las Cortes como preludio a las elecciones del próximo 28 de abril, de manera que el texto de la contrarreforma laboral exprés deberá ser refrendado por la diputación permanente del Congreso.

Esta institución, que representa a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica y vela por los poderes de la Cámara cuando esta se disuelve o ante circunstancias excepcionales, tan solo se ha utilizado 35 veces para aprobar decretos ley desde la Transición. 

Los empresarios asumen que, si el decreto ley es inevitable, la única alternativa que tienen es centrarse en suavizar los aspectos que consideran más duros. Para ello buscan la complicidad del PDCat y del PNV, cuyos votos serán una vez más clave en la diputación permanente. Existen dos opciones posibles. Que estos dos partidos tumben el decreto ley en la diputación permanente o bien que las negociaciones de los próximos días permitan pactar un texto con el Ministerio de Trabajo que para los dos partidos sea asumible. Estas formaciones se sitúan históricamente más próximas a los posicionamientos de los empresarios, pero temen el efecto negativo de tumbar la contrarreforma en campaña electoral.

Las empresas temen, sobre todo, tres medidas: que se les obligue a dar a las subcontratas las mismas condiciones que el convenio de empresa, la recuperación de la ultraactividad y la ofensiva para reducir el número de horas extra que no se pagan en España. 

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Sánchez es partidario de tirar adelante el decreto ley para colgarse la medalla antes de las elecciones y poder reforzar su discurso social. Cree que no pierde nada, ya que si se lo tumban en la diputación permanente serán el PDECat y el PNV los que quedarán retratados ante su electorado. 

La contrarreforma laboral marcará de esta manera la campaña política con muchas posibilidades de quedarse reducida a un cartel electoral, tanto si se aprueba en su versión más rebajada y alejada de las pretensiones iniciales de los sindicatos, como si queda todo en agua de borrajas. Mucho eslogan y poco favor a los verdaderos precarios que necesitan soluciones reales y estables.