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Editorial

La huelga y el juicio al 'procés'

El independentismo pincha en el paro general mientras que en el Supremo pierden fuerza las acusaciones por rebelión

Participantes en la manifestación de Barcelona del pasado sábado contra el juicio del procés.

Participantes en la manifestación de Barcelona del pasado sábado contra el juicio del procés. / JORDI COTRINA

Un sector minoritario del independentismo había convocado para este jueves una huelga general para protestar por la celebración en el Tribunal Supremo del juicio de los dirigentes del 'procés'. Pese a que el Govern apoyó el paro y canceló todas sus actividades  –imitado por el Ayuntamiento de Barcelona-, la jornada pinchó. Apenas el 30% o menos de paro se produjo en sectores como la función pública, la enseñanza y el comercio, con la única excepción de las universidades, donde la huelga alcanzó casi el 70%. La mayor perturbación se observó en los transportes y en el tráfico, que descendió en buena parte por los cortes de carreteras, quema de neumáticos y otros incidentes protagonizados por los CDR en los accesos a Barcelona y otras ciudades. La jornada culminó con una manifestación en el centro de Barcelona, que tampoco alcanzó las dimensiones de la del pasado sábado (40.000 frente a 200.000 asistentes, según la Guardia Urbana). Pero, sobre todo, este 21-F ejemplificó el divorcio entre los poderes públicos, volcados en una huelga que quería ser casi un cierre patronal, y la ciudadanía, que prácticamente no secundó la movilización.

La protesta se producía a propósito del juicio al 'procés' en el Supremo, que hasta ahora, tras dos semanas de su inicio, transcurre mucho mejor de lo esperado para los procesados. La actuación del presidente de la sala, el polémico Manuel Marchena, es impecable. La única mancha ha sido la jornada maratoniana del miércoles, que se inició a las diez de la mañana y terminó casi 12 horas más tarde, con las consiguientes repercusiones -cansancio, pocas horas de sueño, etcétera- para unos procesados que se encuentran en prisión. Es loable que el presidente del tribunal quiera acelerar la vista para separarla de la campaña electoral, pero no a ese precio. El jueves las sesiones terminaron a las 18.30h, hasta el próximo martes, y es de esperar que no se vuelvan a repetir las jornadas maratón.

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En cuanto al fondo, estas dos semanas demuestran que los fiscales lo tendrán difícil para probar los delitos de rebelión y secesión, y quizá por esa razón los interrogatorios se están centrando más en la desobediencia al Tribunal Constitucional y en la malversación de fondos. Quedan solo dos procesados por declarar -Jordi Cuixart y Carme Forcadell- antes de entrar en la prueba testifical, que tendrá que resolver bastantes incógnitas, ya que, a diferencia de los acusados, los testigos no pueden mentir.