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Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo con la declaración de Jordi Turull.

EFE / Tribunal Supremo

Ponderar

Astrid Barrio

¿Cómo contrapesar unas defensas políticas y unas más técnicas?

Prosiguen las declaraciones de los líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, desobediencia  y malversación por la celebración del referéndum del 1 de octubre y por la declaración de independencia del 27 de octubre. La semana pasada fue el turno de Oriol Junqueras y de Joaquim Forn quienes ya evidenciaron la existencia de dos estrategias de defensa claramente diferenciadas.  

La del exvicepresidente, que optó por responder solo a su abogado que le facilitó una defensa exclusivamente política centrada en reivindicar la legitimidad del referéndum y en denunciar persecución política. Y la del 'exconseller' de Interior, respondiendo a su abogado, a la Abogacía del Estado y al fiscal pero no a la acusación particular ejercida por Vox, que trató de minimizar su participación en la preparación e implementación del referéndum, no en vano llegó al Govern poco antes de su celebración, y sobre todo en exonerar al cuerpo de Mossos de Esquadra bajo su mando de cualquier responsabilidad.

Este martes ha sido el turno de Raül Romeva, 'exconseller' de Exteriors, que se ha sumado a la línea de defensa política, y de Jordi Turull, 'exconseller' de Presidència y que ha optado por una vía intermedia. Por un lado, ha reivindicado la inexistencia de delito en la organización de una consulta referéndum por estar despenalizado en el Código Penal y ha denunciado que al independentismo se le persigue ideológicamente. Por el otro, ha mitigado la posible desobediencia, ha rechazado la existencia de violencia, ha negado que se haya destinado dinero público al referéndum y ha calificado la declaración de independencia de declaración de política de carácter simbólico.

Pero lo que más ha llamado la atención de la aserción de Turull ha sido su insistencia en la idea de ponderación y la interpretación del referéndum como el resultado del equilibrio entre las resoluciones judiciales y el mandato ciudadano emanado de las elecciones del 2015, en las que, por cierto, Junts pel Sí no asumió ningún compromiso de celebrar un referéndum, sino una serie de pasos hacia la independencia. Ese compromiso fue el resultado de la cuestión de confianza.

A las puertas de elecciones

Lo visto estos primeros días revela cuál va a ser la principal dificultad de este juicio. ¿Cómo ponderar? Es decir, cómo contrapesar unas defensas políticas que no reniegan de los hechos, pero que niegan la existencia de delito y defienden su legitimidad y unas defensas más técnicas basadas en desmentir las acusaciones, lo que ni más ni menos implica negar que se estaba haciendo lo que hasta la saciedad se dijo que se iba a hacer. Técnicamente se dirime si hubo violencia y por tanto rebelión, si hubo un alzamiento público y tumultuario y por tanto sedición, si se gastó dinero público y por tanto malversación y si hubo desobediencia o no.  Pero políticamente, y más cuando se está a las puertas de elecciones, se dirime la credibilidad de los distintos líderes independentista. Al fin y al cabo comparten responsabilidades pero siguen competiendo electoralmente.