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Análisis

Empleados de una tienda minorista de Apple en Nueva York.

Drew Angerer / Getty Images - AFP

¿Cuánto cuesta que no te sancione Hacienda?

Montse Hernández

Cuando dos partes enfrentadas negocian y llegan a un acuerdo económico, ambas han tenido que ceder en algún extremo. ¿Qué pasa cuando una de las partes es un Estado y la otra un gigante tecnológico? Que las consecuencias son multimillonarias, tanto en lo acordado, como en lo cedido.

Tras la lucha particular del fisco francés con Apple, aquél ha declinado su posibilidad de ingresar el doble de lo ahora pactado, a cambio de 500 millones de euros y de evitar el inicio de un procedimiento sancionador largo y costoso (aunque millonario). Apple ha reconocido abiertamente estar declarando menos ingresos de los debidos en territorio francés -por jugar al desvío de rentas a países con tributación más favorable, como Irlanda- y de evitar una sanción de importe nada desdeñable. Y es que el desvío de rentas hacia paraísos fiscales o países con baja tributación, con el único objetivo de pagar menos impuestos (y no porque exista una actividad real) se ha convertido en una técnica recurrente de algunas multinacionales, sobre todo en esta era digital: la prestación de servicios tecnológicos, por su intangibilidad, puede dificultar el determinar dónde debe entenderse prestado el servicio y, por ende, dónde se genera el rendimiento y, en consecuencia, dónde debe tributarse. Esto, añadido a la falta de armonización en la normativa y práctica tributaria europea, hace que muchas empresas utilicen estrategias que, en el limbo, basculan entre lo prohibido y lo permitido.

Al parecer, la adopción de una ley en Francia que permite abrir un procedimiento penal por fraude fiscal, ha favorecido las negociaciones entre las grandes empresas digitales y el fisco francés. Lo mismo sucede en España: los delitos contra la hacienda pública previstos en nuestro Código Penal sirven -o deberían servir- de “aliciente” para asumir la culpa total o, en el peor de los casos, para pactar asumiendo una culpa parcial, y, en ambos casos, abonar lo defraudado. De lo contrario, aquellos que se atreven a eludir cantidades superiores a los 120.000 euros ponen en juego su libertad a cambio de una pena de prisión. Muchos valoran más su libertad y su reputación que el dinero, por lo que acceden a pagar para evitar un mal mayor.

Sabiendo que están (porque así lo han asumido al pactar) en un caso de evasión fiscal y no amparados por la economía de opción, sería absolutamente deseable que además de reaccionar frente a la amenaza que supone lo coercitivo y lo punitivo, estos gigantes tecnológicos fuesen capaces de actuar/omitir en fase previa, declarando y tributando donde se generan realmente las rentas. Una cuestión de educación, simplemente: si se instruyera tributariamente desde la responsabilidad, se aprendería a comprender la dimensión de la elusión fiscal y sus consecuencias intrínsecas y colaterales, valorando más el impacto y tomando decisiones de forma consciente, y no motivados por la incertidumbre y el miedo que infunda la pena o la privación de libertad. Lamentablemente, enfocar desde el victimismo y no desde la responsabilidad nos sitúa en una posición social y globalmente desfavorable.