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Análisis

Oriol Junqueras, de pie, en el tercer día del juicio del procés en el Supremo.

EFE

La entrega inmediata del poder tras la intervención del artículo 155, sin la más mínima resistencia, será uno de los asuntos claves del juicio al 'procés'

Las televisiones a veces reproducen imágenes ante las que no tenemos más remedio que frotarnos los ojos. Vemos tantas estampas fingidas en las películas que cuando las observamos en la realidad, la misma parece irreal, aparente. De hecho, hay ocasiones en que tenemos más sensación de realidad con el cine que con esas imágenes. No podemos creer que lo que estamos presenciando esté sucediendo realmente delante de nosotros literalmente.
Algo parecido ha ocurrido durante esta semana de proceso. Hemos visto sentados en el banquillo de los acusados a personajes públicos. Eran los representantes de Catalunya hasta que fueron destituidos. Verlos delante de siete jueces y siendo interrogados por unos fiscales, nada menos que en el Tribunal Supremo y con unas peticiones de penas altísimas, no era precisamente lo que nadie esperaba hasta noviembre del 2017.
Porque esa es justamente una de las impresiones que ha dejado esta primera semana. Ha sido evidente la tensión en las caras de muchos de los actores del proceso. Y como sucede en estos casos, entre los acusados reinaban esas expresiones de incredulidad e indignación que se suelen observar entre los reos que no creen haber cometido ningún delito. También se veía evidente inquietud en algunos de ellos, plenamente conscientes del riesgo que están afrontando.

Los tres momentos de ruptura

Pero al margen de ello, también ha quedado clara cuál es la argumentación y material con el que cuentan las acusaciones. La idea expresada por el juez instructor en sus resoluciones era sustancialmente que los acusados habrían organizado una rebelión, siendo su arma de combate los manifestantes independentistas que, echados a la calle, impedirían por la fuerza de su número que las instituciones del Estado ejercieran su poder, creándose así una situación de hecho que obligara al Gobierno central a declinar su autoridad en favor de la nueva autoridad catalana. Los momentos de ruptura habrían sido la manifestación ante la Conselleria d’Economia del 20 de septiembre, la celebración de la consulta del 1 de octubre con las masas protegiendo las urnas, así como la declaración de independencia del 27 de octubre. Ideólogos de ese plan habrían sido los procesados en el extranjero y los acusados.

Aparente realidad que puede que no exista

En apoyo de esta versión de los hechos citaba el instructor los escasos incidentes callejeros, un documento apócrifo llamado 'enfocats' que contiene pasajes que superan el más artístico surrealismo –como tantos aspectos de esta historia–, así como conjeturas que se apoyan en algunos testimonios. Muchas veces se dijo que el instructor tenía más información de la que expresaba y que, por ello, había que confiar en él, cosa que como jurista siempre me ha dado un miedo atroz, porque la mejor manera de convencer es poniendo las cartas encima de la mesa, y no eludiendo esa acción con silencios que aparenten una realidad que es posible que no exista. Pues bien, a tenor de la información que desplegó la fiscalía en la declaración de Joaquim Forn, no parece haber nada más que lo que el magistrado instructor expresó en sus resoluciones. Y es que esa información referida es justamente la que no consiguió convencer a aquellos jueces alemanes, y que llamó tan poderasamente la atención de tantos juristas españoles que hasta propició un manifiesto firmado por prestigiosos penalistas no catalanes que algún peso debió de tener, puesto que el fiscal sintió la necesidad de cuestionar su autoridad científica durante el interrogatorio. Por cierto, entre los firmantes se encuentra una exmagistrada del Tribunal Constitucional.

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Es evidente que la fiscalía es más que consciente de lo que estoy diciendo. Por ello, a buen seguro pondrán muchos más argumentos encima de la mesa, igual que las defensas. En consecuencia, tenemos que ver todo el resto de la prueba. Es prontísimo para extraer conclusiones.

Lo que sí ha quedado meridianamente claro en estas pocas sesiones es que lo que la fiscalía considera hechos gravísimos, no es visto así por los acusados que han declarado, que sentían que solo hacían política excluyendo absolutamente la violencia, y que si por algo desobedecieron a las instituciones del Estado fue únicamente –y solo en parte– por la celebración del referéndum, pero no por la consecución de la independencia, ya que entregaron inmediatamente el poder tras la intervención del artículo 155 sin la más mínima resistencia, hecho que, por alguna razón nunca expresada, no le pareció relevante a la fiscalía a tenor de las altísimas penas solicitadas. Esta es una de las claves. Ya se verá.