19 feb 2020

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Análisis

Oriol Junqueras, durante el juicio en el Tribunal Supremo.

J. J. GUILLÉN (EFE)

Combatir y asumir condenas

Laia Bonet

Hacer todo lo posible para que no te condenen es servir mejor a Catalunya. Por ello, la defensa jurídica también es una defensa política

Nueva manifestación del independentismo. Esta vez con un mayor esfuerzo para representar la unidad de este espacio, fruto del inicio del juicio.

Como muchas otras personas que no compartimos el proyecto independentista, me he pronunciado de forma crítica sobre el sesgo de la instrucción de la causa, la desproporción de la prisión preventiva y la incongruencia de unas acusaciones que exigen violencia. Lo reitero. De la misma forma que reitero el enorme error de la vía unilateral que abrió el independentismo en el 2017.

Vuelvo al juicio. Precisamente porque la instrucción del juez Pablo Llarena apuntaba muy alto, el juicio parecía representar la oportunidad para desenmascarar aquellas desviadas construcciones fácticas. Por ello no pocos se sorprendieron cuando Oriol Junqueras anunció la voluntad de no responder a las preguntas de ninguna de las acusaciones, incluida la fiscalía. Su defensa fue meramente política, dirigida más a los de fuera de la sala que a los de dentro. No fue una defensa jurídica como la de Joaquim Forn. Una declaración, por cierto, la de Forn, que permitió evidenciar ya de entrada el sesgo y la ausencia de apoyo fáctico de algunas de las afirmaciones de la fiscalía.

Hay quien opina que es tan legítima una estrategia de defensa como la otra. No querría entrar en consideraciones de legitimidades. Permítanme apuntar tan solo algunas consideraciones. La primera, que no hay incompatibilidad entre el uso de una estrategia y de la otra. Era perfectamente factible hacer la declaración política que hizo Junqueras en respuesta a las preguntas de su defensa y responder a continuación las preguntas de la fiscalía para evidenciar las incongruencias de la instrucción y de las acusaciones. La segunda: no sabemos cómo será la sentencia, pero sí sabemos qué anunció Manuel Marchena en respuesta a las cuestiones previas precisamente a demanda de una de las defensas que solicitaba excluir la acusación de Vox por sustentarse en afirmaciones ideológicas. Marchena fue muy taxativo al decir que las consideraciones ideológicas que se presentaran ante la sala no se tendrían en cuenta. Solo los hechos. Por eso es esencial haberlos rebatido a través de una defensa jurídica. Si no, el riesgo de una sentencia contundente aumenta. La tercera: hay quien afirma que si Junqueras optó por renunciar a una defensa jurídica es porque está dispuesto a asumir una fuerte condena y que quizá incluso esta puede ser más útil para él personalmente desde un punto de vista político.

No quiero valorar una reflexión de consecuencias tan dolorosas para él y su entorno más próximo. Pero sí creo imprescindible elevar esta reflexión del plano personal al plano político de país. Porque más allá de estos indudables costes personales, una larga condena alejaría la solución del problema, que siempre vendrá de la mano de un acuerdo. Y estoy convencida de que la primera responsabilidad de un líder político es evitar que su condena dificulte la salida del conflicto. Hacer todo lo posible para que no te condenen es servir mejor a Catalunya. Por ello, la defensa jurídica también es una defensa política.