Las pensiones de jubilación anticipadas en el 'ojo del huracán' de AIReF

El reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) suaviza “aparentemente” la visión catastrófica mantenida anteriormente sobre la sostenibilidad de las finanzas de la Seguridad Social añadiendo otro actor, el Estado, el cual debería asumir parte del gasto no contributivo y de funcionamiento del sistema. Pero el mensaje subyacente del informe es el de reforzar la idea de que sin el sacrificio de los pensionistas no es posible la sostenibilidad del sistema; por ello no solo reafirma las medidas aprobadas por ley en la última reforma del sistema de pensiones, sino que propone endurecer los requisitos para determinar sus cuantías y señala un foco nuevo de atención -las jubilaciones anticipadas- lanzando un guiño al Gobierno para que reduzca el número de estas.

De las propuestas que contempla el informe de AIReF, la de aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal transpira un rechazo a la “elevada proporción de jubilaciones anticipadas” lo cual refleja una lectura errónea de la realidad. Si bien es cierto que actualmente la edad media de jubilación para los cotizantes de la Seguridad Social -64,2 años en el 2018- es inferior en más de un año a la edad legal de jubilación, la causa mayoritaria no es porque el trabajador decida “voluntariamente” jubilarse sino porque se le invita a acogerse a la jubilación anticipada si está cobrando el paro, o cualquiera de los subsidios -desempleo o mayores de 55 años-. Las estadísticas muestran que un 43% del total de las altas de las pensiones de jubilación en el 2017 fueron anticipadas, pero un análisis más profundo muestra que casi la mitad de ellas fueron jubilaciones anticipadas “forzosas”.

La edad media de jubilación está más próxima a los 61 años

La crisis económica ha empujado a casi medio millón de trabajadores a la jubilación anticipada no voluntaria (forzosa) en el periodo 2009-2016 con un porcentaje medio anual del 20% sobre el total de las altas de jubilación. Ello ha propiciado que, en los últimos años, la edad media de jubilación esté más próxima a los 61 años que a los 65 ya que a la jubilación anticipada no voluntaria se accede a partir de los 61 años –para aquellos acogidos a la cláusula de salvaguarda de la disposición final duodécima de la ley 27/2011-, o con 61 años y algunos meses (ocho en el 2019) según la normativa actual sobre pensiones.

La ola de jubilaciones anticipadas forzosas emergidas a causa de la crisis ha puesto de relieve otra faceta aún más preocupante: las enormes diferencias de género en el mercado laboral. Las mujeres no se acogen a la jubilación anticipada “no voluntaria” en la misma proporción que los hombres, simplemente por el hecho de no cumplir con el requisito de haber cotizado un mínimo de 30 o 33 años -según estén acogidos a la normativa transitoria de la ley 27/2011 o a la actual; así que, aunque estén en paro deberán esperar hasta la edad de la jubilación ordinaria.

Los datos muestran que, mientras que en el caso de los hombres alrededor de la mitad de los parados de larga duración entre 60-64 años se han acogido a la jubilación anticipada no voluntaria (forzosa), en las mujeres la proporción no alcanza ni la quinta parte. Ello pone de relieve el enorme porcentaje de mujeres –más del 50%– que acceden a la jubilación ordinaria con menos de 30 años cotizados, con la consiguiente repercusión que ello tiene en sus pensiones. Todavía hoy, la brecha de género de las nuevas pensiones de jubilación se sitúa por encima del 30%.

Reducción de las jubilaciones anticipadas

Aunque AIReF resalte el beneficio que representaría para las finanzas de la Seguridad Social la asunción por parte del Estado de los gastos no contributivos, la novedad del informe es la de señalar un nuevo foco de atención, la reducción de las jubilaciones anticipadas. Un objetivo difícil de conseguir si nos fijamos en que la evolución de estas depende en mayor proporción de las condiciones del mercado laboral que de la propia voluntad de los trabajadores. Aumentar las restricciones para el acceso de las jubilaciones anticipadas no voluntarias puede suponer alargar la pobreza de aquellos trabajadores mayores que por causas ajenas a su voluntad se encuentran fuera del mercado laboral.

Aumentar el nivel de las pensiones no es contradictorio con el objetivo de asegurar la continuidad del sistema contributivo; existen mecanismos para lograr un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, pero lo más importante es incorporar al debate una mirada amplia de cuál es el nivel de gasto público que nuestra sociedad desea dedicar a las pensiones.