¿Por qué reconocemos a los gobiernos?

Las transformaciones políticas tienen lugar dentro de los estados siendo procesos internos que, desde el punto de vista jurídico, no tienen por qué afectar al Derecho internacional. Sólo la desaparición total de un Gobierno tendría repercusión sobre la existencia del Estado, ya que éste es uno de los elementos esenciales (junto a la población, el territorio y la soberanía) para asegurar su existencia.

Este reconocimiento de gobiernos, que es distinto al reconocimiento de estados, produce efectos jurídicos con la simple declaración de voluntad o con la intención de mantener relaciones con un régimen o Gobierno que ha sustituido a otro. Esta situación solo se plantea cuando el cambio de Gobierno se produce de forma irregular  en contra de los procedimientos constitucionales normales, por ello se denominan gobiernos de facto, para resaltar que nacen  y se imponen por procedimientos de hecho mediante una ruptura con la legalidad constitucional del Estado.

Esta situación no es ajena al Derecho internacional, especialmente en el ámbito iberoamericano, donde en los siglos XIX y XX se han sucedido diferentes gobiernos que han basado su reconocimiento en la legalidad o en la efectividad de su resultado. Las doctrinas Wilson, Larreta, Betancourt, Estrada o Díaz Ordaz, entre otras, nos recuerdan otros presidentes que presidieron gobiernos que fueron cuestionados en otros momentos históricos.

Legalidad

La pregunta que todos nos planteamos llegados a este punto es la de saber si el gobierno que preside Venezuela se encuentra en esta situación, y por tanto, si es legal el reconocimiento que están llevando a cabo Estados Unidos y determinados países europeos y latinoamericanos al apoyar un Gobierno paralelo encabezado por un “presidente encargado”, en contraposición a aquellos países que apoyan al Gobierno en el poder.

Dejando de lado posturas políticas, la cuestión esencial que defiende el Derecho internacional es el de reconocer aquellos gobiernos que ejercen de forma efectiva su autoridad con garantías de estabilidad, cumpliendo con las obligaciones internacionales preexistentes, respetando los Tratados y las obligaciones establecidas por el Derecho internacional y haciendo efectivos dentro de los límites de su poder los derechos de los extranjeros.

Volvemos a preguntarnos, ¿está el Gobierno en el poder cumpliendo con estos compromisos?. La respuesta hace que consideremos la situación por la que está pasando el pueblo venezolano y que nos cuestionemos si están siendo garantizados los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas. También hay que considerar si está dando respuesta a sus compromisos internacionales respecto a las cuestiones ambientales, económicas y sociales que exige en estos momentos la comunidad internacional.

Si esto no es así, existe una obligación moral por parte del resto de los Estados de dar soporte al Gobierno que respete la convivencia y la legalidad internacional ayudándolo a restablecer el orden internacional  que tanto ha costado alcanzar.