Ir a contenido

EDITORIAL

Arranca el juicio del 'procés'

Los abogados de la defensa optan mayoritariamente por utilizar argumentos políticos frente a los técnicos

A pesar del discurso independentista, el veredicto del proceso judicial no está escrito todavía

Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, en el banquillo del juicio del ’procés’.

Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, en el banquillo del juicio del ’procés’. / POOL / EMILIO NARANJO

En medio de una gran expectación, ha empezado el juicio más importante en España desde la restauración  de la democracia, que es al mismo tiempo un juicio que simboliza el fracaso de la política, porque la crisis institucional y constitucional abierta por el ‘procés’ independentista de los últimos años tendría que haberse tratado por medios políticos y no por medios judiciales. Pero la política fracasó estrepitosamente durante los últimos años, un fracaso que tiene muchos padres, y es ahora el Tribunal Supremo (TS) el que debe decidir si los políticos que formaban el anterior Govern de la Generalitat y los líderes de dos de las asociaciones más importantes de Catalunya cometieron unos delitos muy graves –sedición, rebelión, malversación– que están castigados con penas muy duras en el Código Penal.

En la primera sesión del juicio, las defensas, como había anunciado, salieron a la ofensiva. Con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y con la intención de plantear lo que los días previos al juicio se calificaba como de «defensa política», algunos de los abogados de la defensa aprovecharon una jornada en principio técnica como la de este martes –destinada a las cuestiones previas– para establecer el marco en el que planean desarrollar sus argumentos: existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar. «Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos excluidos de determinadas decisiones. Y si estamos excluidos tenemos que tener derecho a protestar», dijo el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, que también denunció  la «criminalización» de una serie de derechos que,  a su juicio, han sido vulnerados en el proceso legal:  «disidencia política», autodeterminación, reunión, manifestación, representación política...

El resto de abogados siguieron caminos en términos generales similares, con una defensa eminentemente política como la de Jordi Cuixart, que ejerce en exdiputado de la CUP Bernat Salellas. Las defensas de Dolors Bassa, Carles Mundó y Santi Vila optaron por una vía más técnica, con argumentos como negar que lo sucedido en Catalunya en otoño del 2017 fuera una rebelión o que el Parlament llegara a votar una declaración unilateral de independencia. Este es un de los debates cruciales de las estrategias de defensa: si optan por un enfoque político (derecho de autodeterminación, legitimidad del referéndum del 1-O, derecho a la manifestación el 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia...) o si bien toman una vía más técnica, negando las acusaciones. No es una decisión fácil, ya que de ella puede depender la suerte de los acusados en el juicio.

Vista la primera sesión, la vía de la política y de la denuncia de derechos fundamentales parece el camino elegido de forma mayoritaria por los abogados de la defensa. Falta ver si en sus declaraciones los acusados también adoptarán este mismo enfoque político, que muchos expertos consideran más arriesgado desde el punto de vista procesal dadas las altas penas que se solicitan y que las acusaciones más graves (rebelión y sedición) se basan en diferentes grados de una violencia que es muy discutible que se produjera tal y como sostiene la acusación.

Ni siquiera los mismos acusados niegan que en la convocatoria del referéndum del 1-O se desobedeció al Tribunal Constitucional. Hubo, pues, quebranto del orden constitucional y estatutario, en la convocatoria y organización del referéndum y en la aplicación de las leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre del 2017 por el Parlament. Hasta qué punto esta ruptura encaja en los delitos de rebelión  y sedición tal y como los describe el Código Penal es el meollo legal del juicio.  Una defensa política es coherente con la estrategia independentista de presentar el juicio como una farsa, la venganza y el escarnio del Estado contra el anterior Govern. No es el caso. España es un Estado de derecho con un sistema legal garantista que defiende los derechos fundamentales. El juicio acaba de empezar y el veredicto no está escrito.