Necesitamos valentía de los dirigentes independentistas

Permítanme que cuente una anécdota. Hace unos días volvía de Madrid en el AVE. Al llegar a la estación de Sants, aún dentro del tren, vino a saludarme una persona de mediana edad. Me dijo que había sido mi alumno en la facultad. De buenos a primeras, sin mediar más palabras, me preguntó: “Profesor, ¿usted es optimista?”. No me dijo acerca de qué, pero lo intuí. Preguntaba por el 'procés', por la convivencia entre nosotros, por nuestro futuro como país. Había cierta angustia en su voz. Le dije que respecto de esta cuestión practicaba un optimismo templado. “¿De verdad?”,  volvió a preguntarme, entre incrédulo y esperanzado.

Subimos las escaleras mecánicas hacia la salida hablando de la cuestión. Al llegar al vestíbulo de la estación, y antes de despedirnos, me dijo: “Mire, profesor, yo soy independentista de toda la vida, pero ante la disyuntiva de escoger entre la independencia o un solo pueblo, me inclino por mantener la unidad del pueblo catalán”. Le dije que yo no era independentista, pero que compartía su mismo objetivo, y que ambos tendríamos que tener la valentía de ceder y esforzarnos en mantener la convivencia. Nos dimos un abrazo y nos fuimos cada uno por su lado.

La realidad política catalana

Cuento esta anécdota porque estos días los dirigentes independentistas piden al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, “ser valiente” para hacer concesiones a sus exigencias políticas y judiciales. Pero esa valentía deben exigírsela también a sí mismos. Han de tener coraje para reconocer que se han equivocado con el unilateralismo. Y también para asumir la realidad política catalana tal como es, y no como ellos la perciben o desearían que fuese.

El unilateralismo ha tocado fondo, pero mi temor es que, si no lo reconoce, nos pongamos a cavar trincheras

En primer lugar, han de tener la valentía de reconocer que con el 'procés' han fracturado en dos a la sociedad catalana. Que no tienen mayoría social, ni, lo que es todavía más importante,  legitimidad moral ni legalidad jurídica para aprobar leyes como las de “desconexión” del 6 y 7 de septiembre del 2017. Ni menos aún para la valleinclanesca declaración unilateral de independencia. Con esas decisiones violentaron el propio Estatuto, que establece la exigencia de dos tercios del Parlament para tomar decisiones de ese calado. El unilateralismo ha tocado fondo, pero mi temor es que, si no lo reconoce, nos pongamos a cavar trincheras.

En segundo lugar, han de tener también la valentía de afrontar las consecuencias penales de sus actos. Si le echas un pulso al Estado no puedes lamentarte si en esa lucha te tuercen el brazo. Cada uno ha de hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Consecuencias que no por ser no buscadas dejan de ser menos reales. El Tribunal Constitucional ha establecido de forma clara que la defensa de la independencia cabe dentro de la Constitución. Por lo tanto, lo que se juzga a partir de la próxima semana no es la independencia sino el unilateralismo. La calibración del tipo de delito dependerá de las pruebas periciales que presenten los abogados defensores, planteando que no hubo voluntad de rebelión ni de sedición, no de la simple declaración del derecho a la desobediencia civil. Eso facilitará, en su momento, hacer borrón y cuenta nueva.

Sin esta doble valentía para asumir los propios errores, los dirigentes independentistas no pueden exigir valentía ni al presidente Pedro Sánchez, ni a nadie.

A partir de ahora todos tendremos que conjugar mejor dos principios básicos. Uno, el principio de legalidad del Estado de derecho, que obliga a respetar las normas, mientras no se cambien.  Otro, el principio democrático, que obliga a todos los dirigentes políticos a buscar los cauces legales para dar satisfacción a las aspiraciones de mejor autogobierno y, en su caso, de independencia.

Un 80 por ciento de catalanes desean una consulta para decidir el marco de convivencia que mejor responda a sus aspiraciones. La amplitud de esa demanda está relacionada con la anomalía que significa que Catalunya sea la única comunidad histórica que no tiene aprobado su Estatuto por todos los catalanes, desde que la sentencia del TC sobre el Estatuto de 2006 enmendó inapropiadamente la soberanía popular. Es necesario resolver esta anomalía con un referéndum sobre un nuevo Estatut. De esa forma sabremos también cuál es la amplitud de la demanda de independencia. Si ese nuevo Estatut no fuese refrendado, sería entonces el momento de plantear otro tipo de consulta. Pero conviene no comenzar la casa por el tejado.